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ARGENTINA Proyecto de reapertura del canje de la deuda: Palabras de la Presidenta por Cadena Nacional

Proyecto de reapertura del canje de la deuda: Palabras de la Presidenta por Cadena Nacional
Muy buenas tardes a todos y a todas: el día viernes pasado, la Cámara de Apelaciones, de la Ciudad de Nueva York, confirmó el fallo del juez Griesa, que la da la razón a los fondos buitres que ya son conocidos por los argentinos, porque fueron precisamente los que embargaron, el año pasado, la Fragata Libertad, en la República de Ghana, y por la cual tuvimos que recurrir al Derecho Internacional y también a tribunales internacionales, para obtener sin ninguna relación por parte del erario público, la restitución de uno de los símbolos de la Argentina. Antes habían existido algunos otros embargos sobre el Tango 01, sobre embajadas, sobre otros fondos. Pero en realidad lo que queremos hablar, hoy, y dar a conocer no solamente a la opinión pública nacional, a los habitantes de la República Argentina, sino también a aquellos tenedores de bonos, que han confiado en la Argentina – el 93 por ciento de los tenedores de bonos – es que en realidad este fallo de la Cámara de Apelaciones ignora este acuerdo, que hemos logrado con el 93 por ciento, o por lo menos lo minimiza y también creo que – a nuestro humilde criterio – ignora la inmunidad soberana que tiene la reestructuración de la deuda, que se logró, primero, en el 2005, y luego, en el 2010, porque, como marca la Constitución Nacional Argentina, la negociación de la deuda externa es facultad expresa del Congreso de la Nación y solamente puede realizarse bajo su autorización.
De cualquier modo es bueno recordar, un poco, el origen de todo esto porque si bien pareciera que estuviera muy lejos, el 31 de diciembre de 2001, no está tan lejos y fue allí donde la Argentina defaulteó exactamente 81.836 millones de dólares. Vuelvo a repetir: 31 de diciembre de 2001, la Argentina, nuestro país defaultea la deuda de bonos por 81.836 millones de dólares.
El origen de esto era un 49 por ciento, esto es 40.363 millones habían sido contraídos durante la administración gubernamental, que tuvo lugar entre los años 1989 y 1999; el 51 por ciento restante, que es 41.473 millones fue contraído por la administración que tuvo su origen entre los años 1999 y el momento de declararse el default.
Bueno es también saber que cuando, en el año 2003, el Presidente Kirchner asume encara precisamente este problema de la deuda, que en realidad es un problema que proviene desde el 24 de marzo de 1976, cuando el país comienza a endeudarse cada vez más y hacer permanentemente una bicicleta financiera se ve agravado durante la convertibilidad y, finalmente, implosiona ese 31 de diciembre del año 2001.
El Presidente Kirchner tuvo una idea totalmente opuesta a la que se venía sosteniendo hasta ese momento. Hasta ese momento en el endeudamiento permanente el lema, si se puede decir, era: pagar para crecer. Él sostenía que era a la inversa, que necesitábamos crecer para pagar. Bueno, no era que lo hacía de inteligente, simplemente él observaba lo que había pasado en la Argentina durante las últimas treinta o cuarenta décadas y la conclusión se daba por sí misma: no se podía pagar si no se crecía, al contrario, se pagaba con más deuda y cada vez la deuda era mayor y constituía una severísima restricción a la economía argentina en lo educativo, en lo cultural, en infraestructura, en lo social, en la salud, en la generación de la producción del trabajo. Bueno de una Argentina que – como todos sabemos – cuando Néstor asumió tenía un 25 por ciento de desocupados, industrias cerradas y una situación que todos recordamos.
Me acuerdo que él, en la Asamblea de la ONU, en la primera asamblea que le tocó asistir, que fue en septiembre del año 2003, encaró decididamente este tema de la deuda externa y sostuvo que era necesario que el mundo comprendiera que era preciso que nos dejaran crecer a la economía argentina para poder pagar. Sostuvo una frase que no me voy a olvidar nunca más, dijo: “es necesario que nos dejen crecer para poder pagar, porque los muertos no pagan las deudas”. Y bueno, a partir de allí, invirtió la lógica de pagar para crecer, por la crecer para pagar.
Y precisamente desde el año 2003 a la fecha se hicieron importantes pagos, basados en dos reestructuraciones: en el año 2005, en marzo de 2005 se reestructura la deuda en la presidencia de Néstor Kirchner. Recuerdo muy bien que fue una negociación dura, larga, en un momento dado el primer banco que intervino como negociador y eventual fiduciario: el Wachovia, se retira en medio de la negociación provocando una severa crisis que fue en un momento en que el entonces ministro de Economía, le ofreció la renuncia al Presidente Kirchner porque parecía que había fracasado el intento de reestructurar la deuda y Kirchner dijo: “tengamos confianza, sigamos adelante”, y se decidió tomar como negociador y luego posterior fiduciario al Banco de Nueva York, normalmente conocido en la jerga financiera como BoNY. Finalmente ese primer canje en el que muy pocos confiaban y en el que muy pocos apostaban, pero que Néstor tenía una gran esperanza terminó reestructurando el 76 por ciento de la deuda soberana, con la quita más importante que se recuerde en la historia. Quita que para medir la importancia que tuvo, en el crecimiento posterior de la Argentina la podemos cuantificar en más de 79.000 millones de pesos.
Y para que ustedes tengan una idea de lo que representa es la totalidad de la Asignación Universal por Hijo, es la totalidad de las más de 2.000 escuelas que se construyeron – en estos 10 años – en la República Argentina y es todas las viviendas y sus respectivas infraestructuras, todos los planes sociales de viviendas que se construyeron entre el 2003 y la fecha. Esto marca la envergadura de la importancia.
¿Cuál fue el argumento para la quita? Durante el momento de endeudamiento, en realidad, la Argentina pagaba tasas exorbitantes en dólares, en todo el mundo las tasas eran del uno, del dos por ciento y acá se pagaban tasas de dos dígitos. El argumento central para esa quita fue que quien sabe que va a un lugar donde están pagando una tasa exorbitante que se no paga en ninguna parte del mundo es lógico que conoce el riesgo que asume al colocar su fondo. Por eso dijimos que debían ser riesgos compartidos entre un país que había apostado a un timba financiera y también, del otro lado, a los que sabían que era imposible que alguien les devolviera ese dinero con esos intereses.
Ahí surgió el problema de los holdouts, que era – digamos – los que no habían entrado en este primer canje. Si bien todos los países tienen una ley de quiebra, nuestro país la tiene y basta con que el 66 por ciento de los acreedores esté de acuerdo para que el juez apruebe la quiebra, o el concurso de quiebra y también es una cifra similar en los Estados Unidos, en este primer acuerdo conseguimos un 76 por ciento. Pero siguió el problema de los holdouts. Era lógico porque había mucha gente que no creía en esta Argentina que nunca había pagado las deudas. Nosotros, inclusive, habríamos querido participar y demostrar aún más buena fe creando lo que se denominó el Cupón de Crecimiento, de modo tal que si la Argentina crecía los acreedores iban a recibir más dinero producto de acompañar y de asociarse al crecimiento de esa Argentina.
Luego, durante mi presidencia, en el año 2010, volvimos a abrir el canje y de ahí llegamos a una cifra récord de aceptación de reestructuración de deuda, que es el 93 por ciento a quienes les debíamos. Ya había más confianza, se había pagado deuda no solamente emitida en ley extranjera, sino también emitida en ley nacional; se había pagado deuda en el Banco de Nueva York; se había pagado deuda, aquí en el país, con lo cual logramos este 93 por ciento, una tarea también muy buena que se dio en ese momento, a través del entonces ministro de Economía, que recorrió, junto a su equipo, todo el mundo. Pero el actual ministro de Economía, también el Doctor Lorenzino, para precisamente incorporar a muchos bonistas italianos, japoneses, que eran más pequeños y que habían quedado fuera del primer canje. Llegamos – repito – a esta cifra de 93 por ciento.
El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York creo que es un poco injusto con la Argentina. Toma un argumento del “Financial Times” y dice que nos condena porque la Argentina es “un deudor recalcitrante”. La Argentina ha pagado, entre el año 2003 y el año 2012, este país al que califican como deudor recalcitrante 173.733 millones de dólares. Vuelvo a repetirlo: desde el año 2003 a la fecha, hemos pagado 173.733 millones de dólares. 41.044 millones de dólares es dentro del propio sector público nacional, entre distintos organismos del sector público nacional, que se prestan entre sí para financiamiento, para infraestructura, en fin para lo que hace al funcionamiento del Estado; 81.487 millones de dólares hemos pagado al sector privado (extranjero y nacional, en dólares, tenedores de bonos) y a los organismos multilaterales de crédito, entre ellos al Fondo Monetario Internacional, cuando nos desendeudamos, en el año 2006, al Banco Interamericano de Desarrollo por los préstamos que nos ha dado, al Banco Mundial, a la Corporación Argentina de Fomento, 51.201 millones de dólares; en total, 173.733 millones de dólares.
Digamos que más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales. Pero, además, con un aditamento: esto lo hemos hecho absolutamente con recursos genuinos, con recursos que hemos logrados a partir de la administración de comercio, y a partir de la mejor administración de los recursos del Estado, sin acceder al mercado de capitales. Creo que así como fuimos el país que entró en el Guinness por ser la deuda soberana más importante que se ha defaulteado creo que también debemos estar en el Guinness de los países que más hemos pagado, que más hemos cumplido con nuestras obligaciones en los últimos diez años, sin acceso al mercado de capitales.
Por eso me parece importante que todos los argentinos sepamos el esfuerzo que hemos hecho y también el mundo tenga conocimiento del esfuerzo que hemos hecho. Hoy, la deuda de los argentinos en dólares, que cuando Kirchner asumió representaba algo así como el 150 por ciento aproximadamente del PBI, ha pasado a representar en moneda extranjera, ya sea que se le deba a privados nacionales o extranjeros, algo menos del 10 por ciento del PBI. O sea, del 150 del PBI, hemos pasado a algo menos del 10 por ciento del PBI.
Y en pocos días más, vamos a pagar el BONAR 7, vamos a pagar 2.000 millones de dólares cash, exactamente el día 12 de septiembre. Este es un bono en legislación nacional que se paga también aquí en la Caja de Valores pero que la mayoría se cobra en el extranjero porque la mayoría son tenedores extranjeros que lo hacen muy fácilmente, con filiales locales de bancos extranjeros pagan a sus otra casas matrices o filiales en el lugar donde están los acreedores internacionales y de esa manera se salda la deuda.
A partir de ese momento la Argentina, o sea, a partir del 12 de septiembre, la Argentina va a pasar a deber en moneda extranjera, euro o dólares, 8,3 por ciento de su PBI.
Bueno también es recordar que esto es una ratio de deuda que es de las más bajas de los países desarrollados y ni qué hablar de los países de la región.
Bueno también es recordar que nuestro Gobierno es un pagador serial pero no es un endeudador serial, porque la deuda se tomó durante otras gestiones y también se defaulteó durante otras gestiones. Y esto nos ha permitido a los argentinos, esta administración, crecer y precisamente poder pagar la deuda.
Ahora bien, este fallo…Yo escuchaba algunos comentarios hoy sobre este fallo que me atrevo a calificar un poco de cortoplacistas porque el fallo…dicen, bueno, “en realidad es un fallo que recién podrá tener efectos porque va a ser apelado y tendrá que decidir la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 2014 o 2015”.
Realmente, no parece demasiado serio, no hay responsabilidad, me parece de un buen gobierno, de una buena gobernanza creer que el 2014 o el 2015 o el corto plazo son una solución para los problemas. Nosotros creemos que los problemas deben resolverse, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo.
Por eso, la decisión…hemos tomados decisiones en virtud de esto porque no podemos tener como país una Espada de Damocles sobre nuestro cuello diciendo que en cualquier momento alguien va a tomar una decisión, se van a caer los canjes del año 2005, 2010, los acreedores nuestros no van a pagar y el país va a volver al 2001. Esto es lo único que no vamos a permitir por lo menos mientras yo sea Presidenta.
Por eso, la primera decisión que hemos tomado, bueno, es pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de los Estados Unidos porque, en realidad, estaríamos realmente ante un caso que, no solamente tiraría abajo una de las reestructuraciones de deuda más importantes de las que se tenga memoria, sino que también invalidaría otras reestructuraciones de deuda. Porque téngase en cuenta que estos fondos buitres solo representan el 0,45 por ciento.
Para tenerlo claro: el 93 por ciento de los acreedores de Argentina, arregló; un 7 por ciento no arregló, pero solamente están haciendo juicio en Nueva York y han obtenido esta sentencia, fondos buitre por el 0,45 por ciento del total de la deuda. Bonos que fueron comprados recién en el 2008, cuando ya habían sido defaulteados, valían muy poco y si se le hace lugar a lo que ellos pretenden, la ganancia en dólares sería de algo más del 1.300 por ciento, algo que realmente carece de lógica, de sentido común. Creo que no hace falta ser un experto en Derecho o en Economía para darse cuenta que de esta manera solamente funde la República Argentina, sino que fundiría el país. Sobre todo, en momentos en los cuales numerosos países desarrollados del primer mundo, están también reestructurando sus deudas.
Por eso, la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, no solamente influiría en la Argentina, sino influiría en todo el mundo financiero internacionales. No en vano se han presentado numerosos “amicus curiae” frente a la Corte, que no son precisamente amigos de la Argentina, baste recordar a la exdirectora del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger, también a numerosos fondos de administración que también tienen intereses y se han presentado, al gobierno de la República de Francia, a quien agradecemos también su presentación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Pero también, como les decía y como no podemos tener una Espada de Damocles sobre nuestras cabezas, hemos tomado 2 decisiones más además de esta casi espiritual y casi terrenal de encomendarnos a Dios y a la Corte Suprema de los Estados Unidos: en primer lugar, en el día de mañana, vamos a enviar un nuevo proyecto de Ley al Parlamento argentino, que por imperio de la Constitución y del artículo 75 es el único capacitado para decidir sobre la deuda externa argentina, el Poder Ejecutivo actúa siempre como negociador, como delegado pero finalmente los acuerdos deben pasar por el Parlamento para ser aprobados o rechazados, y este proyecto de Ley va a consistir, precisamente, en abrir por tercera vez el canje de deuda para ese 7 por ciento que no ha ingresado. Queremos una vez más, demostrar la profunda vocación de hacer frente a los compromisos que tiene la República Argentina.
Hoy no lo podemos hacer porque estaríamos violando la propia ley de nuestro país que estableció ya en el 93 por ciento y cerró el segundo canje en el año 2010. Pero vamos a enviar, reitero, un proyecto de Ley al Parlamento para que, precisamente, ese 7 por ciento tenga la capacidad de ingresar, la posibilidad de ingresar y, bueno, y cobrar en paridad de condiciones con el resto de los acreedores.
Pero también hemos tomado una decisión para salvaguarda de quienes han confiado en la República, el 93 por ciento de los tenedores de bonos que han confiado en Argentina y que vienen cobrando, algunos del año 2005 y otros del año 2010. Y es, precisamente, hace un reemplazo de títulos por la misma moneda, por los mismos plazos nada más que cambiando el lugar de pago para evitar eventuales embargos que pudieran sufrir los fondos porque ya hemos sufrido embargos anteriores.
Para ser claros: los que tienen bonos argentinos, el 93 por ciento, vamos a reemplazar esos títulos, esos bonos por bonos similares, por moneda extranjera, por los mismos plazos, únicamente que serán pagaderos aquí en la República Argentina en la Caja de Valores.
Como ya hemos pagado, para que ustedes tengan una idea de la certeza y de la seguridad jurídica que esto significa, los BODEN 12, que fueron precisamente los bonos que Argentina emitió para pagarles a todos aquellos que habían atrapados por el corralito, se acuerdan cuando no pudieron sacar los depósitos de los bancos, el Gobierno argentino, con bonos emitidos por ley argentina y pagaderos aquí en la Caja de Valores en la Argentina, ya ha cancelado totalmente esa deuda que fue de 19.600 millones de dólares.
La Argentina pagó la totalidad de los ahorros confiscados de argentinos y de no argentinos, o sea, de nacionales y de extranjeros, por 19.600 millones de dólares con títulos emitidos con legislación local y pagada aquí en la República Argentina en los plazos y en la moneda que habían sido estipulados.
Y en unos días más, para ser más precisos el día 12 de septiembre, como les decía hace unos instantes, vamos a pagar otro bono también emitido que es el BONAR 7, 2.000 millones de dólares, también emitidos en legislación local y pagaderos aquí en la Caja de Valores de la República Argentina, de modo tal que ya hemos pagado miles de millones de dólares de títulos emitidos con legislación local y pagaderos aquí en la Argentina.
Por lo tanto, la certeza y la seguridad jurídica, no solamente emana de nuestra convicción en cuanto a hacer frente a las obligaciones a las que la Argentina como Estado se había comprometido, aunque no haya sido nuestro gobierno, sino fundamentalmente también a los hechos objetivos, concretos que ya hemos protagonizado pagando títulos emitidos aquí en la Argentina.
Y el deber fundamental de esto, no es una vocación de pago, yo sé que por allí hay algunos sectores que dicen que no habría que pagar nada, mínimos, absolutamente, porque sería disparatado. Pero bueno es recordar que la República Argentina tiene además 40 millones de habitantes que exigen responsabilidad por parte de las autoridades del Gobierno y poder seguir garantizando el crecimiento de Argentina en un marco de seguridad jurídica y de hacerse cargo de las obligaciones.
Por eso, quería hoy dirigirme, no solamente a los 40 millones de argentinos, sino también a todos aquellos que han confiado, nacionales o extranjeros privados, y han formado parte de ese 93 por ciento que aceptó bonos de Argentina con cupón de crecimiento que ha venido pagando regularmente, dirigirme también al resto del mundo financiero internacional y específicamente a las autoridades de Estados Unidos y, fundamentalmente, a su Corte, porque en realidad, estaríamos infligiendo un seguro daño sí a la seguridad jurídica, sí al trust, a la confianza que se tienen que tener en la reestructuración de deuda en un momento muy difícil de todo el mundo en materia financiera.
Nos parece realmente que solo un 1,45 por ciento que ingresó en el 2008 con bonos basura, comprados por muy poco dinero, hoy pretenda malograr lo que hemos logrado en materia de reestructuración de deuda, de crecimiento, de pago, de aporte al mundo, porque en definitiva es un aporte de la Argentina a la certidumbre jurídica del mundo y a la confianza de quienes confiaron en la Argentina, me parece que es importante que podamos tener este contacto y poder decir estas cosas.
Finalmente, para los que muchas veces nos dicen que nos gusta hablar del pasado y creen que el pasado ya pasó, yo creo que este viernes pasado, el viernes de la semana pasada, se ha comprobado definitivamente que el pasado y sobre todo en Economía, siempre está a la vuelta de la esquina. Que basta que alguien cometa una equivocación o que alguien tenga otros intereses que no sean la de representar los intereses de los 40 millones de argentinos, para que las cosas que tanto nos han costado lograr en estos últimos años, finalmente se malogren.
Estas cosas que a veces decimos sobre el pasado, no es con el ánimo de fiscalizar, con el ánimo de acusar o de poner en mayor valor lo que nosotros hemos hecho, sino por el contrario, tratar de evitar volver a cometer los errores que hemos cometido los argentinos, miren, me involucro yo también a pesar de no haber formado parte en ningún gobierno endeudador, pero sí formo parte de la Argentina y me siento tan responsable como los 40 millones de argentinos, pero la más responsable porque me han elegido para conducir los destinos del país.
Por eso, quería en síntesis, comentarles estas dos decisiones importantes, la de la reapertura de una tercera ley de canje. Espero que como decimos aquí en la Argentina, la tercera sea la vencida y podamos finalmente incorporar a ese 7 por ciento.
También un llamado a la razonabilidad y al sentido común que no puede ser que un 0,45 por ciento, que adquirió bonos a tan bajo precio, pueda poner en juego al 93 por ciento de los acreedores y con las cifras que hemos pagado y que tendremos que seguir pagando y, fundamentalmente, las posibilidades de seguir creciendo en la Argentina para generar trabajo, para dar salud, educación y al mismo tiempo, para hacer frente a nuestras obligaciones.
Por esos motivos es que quería hoy comunicarme con el conjunto del pueblo argentino y también fundamentalmente, con quienes han creído en la Argentina, han apostado por ella, que sigan haciéndolo porque estamos al frente de la nave y fundamentalmente la vamos a conducir a buen puerto y creemos también, tenemos fuertes esperanzas, de que el sentido común impere por sobre el lobby formidable que hemos visto en estos días donde un 0,45 por ciento se pueda imponer sobre la voluntad de un 93 por ciento.
Soy abogado al mismo tiempo y sé que esto afecta decididamente la igualdad entre las partes; sé que afecta la equidad; sé que afecta la seguridad jurídica; sé que afecta la certeza que deben tener las relaciones económicas y financieras el mundo y, por eso, solicitamos que con la misma responsabilidad que hemos actuado en estos 10 años, pagando puntualmente todo lo que nos habíamos comprometido por primera vez en nuestra historia, también pedimos responsabilidad a los que tengan la decisión en sus manos.
De cualquier manera, también decir que la Argentina no va a violar sus propias leyes y va a, precisamente, darle participación al Parlamento argentino en un tema tan importante como este, como también se lo hemos dado en el año 2005 y 2010, que nos ha permitido tener un crecimiento y hacer frente a nuestros compromisos.
Muchas gracias por escuchar y buenas noches a todos y a todas.

ARGENTINA Plan para la democratización de la Justicia:Palabras de la Presidenta

Plan para la democratización de la Justicia:Palabras de la Presidenta
PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN CRISTINA FERNÁNDEZ EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE UN PLAN PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA, DESDE EL MUSEO DEL BICENTENARIO, CASA ROSADA.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas; señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; señores miembros y presidentes de Cámaras de los distintos sectores o jerarquías por competencia y materia de nuestro Poder Judicial; federales, nacionales; Defensora de la Nación; Procuradora Fiscal de la Nación, en fin, otros miembros de la Corte, que no distingo de aquí, pero sé que están presentes; Diputados Nacionales; Senadores; ciudadanos y ciudadanas que para ellos es precisamente esto que estamos presentando hoy: yo cuando recién venía para acá me acordaba de que la enunciación de estás ideas, de estos proyectos habían tenido lugar con motivo de mi discurso, dirigido a la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo, de este año.
Y la verdad es que la idea era que en los primeros quince días de marzo – creo que inclusive lo dije en mi discurso – estuviéramos en condiciones de enviar al Parlamento Argentino este grupo de normas, que hoy hemos presentado, y que acabamos de presentar en este video. Pero si uno piensa todas las cosas, que han sucedido, en el mundo y en el país, entre el primero de marzo y este ocho de abril, no alcanza siquiera a un mes y medio: hechos históricos, hechos dolorosos, alegrías, dramas, tragedias, lágrimas, tantas cosas juntas. Creo que todos los sentimientos y todas las experiencias, las vivencias que puede vivir un ser humano. ((APLAUSOS). Y aquí estamos, como siempre de píe para cumplir con la palabra empeñada y para llevar a cabo, como corresponde a través del Parlamento de nuestro país, de lo que nosotros hemos presentado y creo que se ha internalizado, también, en la sociedad como la democratización de la Justicia.
Quiero hacer una aclaración, discúlpenme la disfonía, pero estos días he estado dando muchas órdenes y muchas cosas con un tono, a veces, un tanto elevado y entonces tengo una leve disfonía que ya corregiremos. (APLAUSOS). Pero democratización de la Justicia no implica que ningún magistrado ni ningún funcionario, en particular, deba sentirse como que estamos tratando de antidemocrático al poder. En definitiva, la situación del Poder Judicial en la Argentina no es producto de un año, ni de dos, ni de tres, es producto – en definitiva – de una larga y la verdad que por momentos dolorosa y mala historia que hemos tenido los argentinos respecto de las instituciones, en general, de la democracia, en particular, y que requería una puesta a punto y una apuesta a la modernización de una Argentina del siglo XXI, que exige una participación, que exige un conocimiento, que exige una democratización para dar mayor legitimidad también a uno de los tres poderes esenciales del Estado. Yo diría, tal vez, el más importante porque es la última instancia donde se revisan todos los actos que pueden llevarse a cabo o en el Poder Ejecutivo, o en el Poder Legislativo. Es el último lugar – como digo yo- dentro de la pléyade de instituciones, dentro del mundo de las instituciones de la Constitución, donde se decide la vida, la libertad y el patrimonio de los 40 millones de argentinos y por eso exige que apostemos muy fuerte a su democratización para dar mayor legitimidad.
Creo que esto forma parte, también, de un proceso que se inició hace una década, sin despreciar, por supuesto, todos los esfuerzos que se han venido realizando y todas las construcciones que se han venido realizando desde que se recuperó la democracia en nuestro país. Pero una apuesta que tuvimos muy fuerte a darle, primero, legitimidad a un Poder Ejecutivo, que estaba severamente cuestionado por la ciudadanía.
Y creo, que en este sentido, la labor desplegada por quien fuera presidente de todos los argentinos, el Doctor Néstor Carlos Kirchner en cuanto a darle legitimidad a ese Poder Ejecutivo, a la certeza ciudadana, más allá del acompañamiento o no, el acuerdo o no con las decisiones adoptadas por ese ejecutivo no hay ningún ciudadano – de los 40 millones – como le gusta decir a la locutora que dude que las decisiones del Poder Ejecutivo se toman en la Casa Rosada y se toman por quien está sentado en el sillón de presidente o presidenta. (APLAUSOS). Por supuesto, también, la legitimidad y la democratización natural, decidida cada dos años, por los ciudadanos cuando votan a sus autoridades parlamentarias. Y creo que, entonces, nos debíamos esto con respecto al Poder Judicial.
Los seis puntos fundamentales, que vamos a enviar; una parte de las leyes ingresará por el Senado y otra lo hará por la Cámara de Diputados, de modo tal que no se amontone en uno de los poderes o en una de las cámaras, sino que trabajen cada una de las cámaras en cada uno de los proyectos para, luego, hacer más ágil la tramitación y más rápida la tramitación de los mismos, son seis puntos fundamentales: la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura, institución que fue introducida por la reforma, del año 94; segundo; la Ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial, al ministerio público o fiscal y también de la defensa; la Ley de Publicidad de los actos del Poder Judicial; la Ley de Creación de las Cámaras de Casación. Como todos sabemos, actualmente, tenemos una Cámara de Casación Penal, se van a agregar tres cámaras más para dar mayor agilidad a la tramitación y también – como lo indicábamos en el corto, que recién vimos – que la Corte Suprema de Justicia no tenga que resolver sobre los 9.400 expedientes que normalmente lo hace, anualmente.
Para que ustedes tengan una idea, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, resuelve – aproximadamente por año – no más de 80 ó 90 causas, casi como un exceso; acá se cuentan por miles.
La Ley de Publicidad y Acceso Directo a las Declaraciones Juradas de los funcionarios, de los tres poderes del Estado. (APLAUSOS). Esto es muy importante porque, actualmente, y sin entrar en ningún debate ni polémica solamente se puede acceder con total libertad y en 48 horas, y no lo digo yo, lo leía en un diario de la oposición al siguiente día que hice este anuncio… sin silbidos, ya se los dije, se respeta a todos… se puede acceder en 48 horas. No sucede lo mismo con los otros poderes del Estado, hay que pedir permiso… bueno, en fin, una serie de cosas que queremos igualar de modo tal de que – como se sabe – la declaración jurada de un ministro, de un presidente, de un secretario, que la puede acceder al conocimiento; cualquiera también lo mismo suceda con la de un legislador, con la de un juez, un camarista, un secretario, sobre todo porque muchas veces se deciden situaciones que tienen que ver con la vida de las personas, con la libertad, con el patrimonio y por lo tanto todo ciudadano tiene derecho a conocer esta información.
Por último, la Ley de Regulación- seis puntos se había hablado – de Medidas Cautelares contra el Estado y sus Entes Descentralizados. Con respecto a esta última cuestión, la medida cautelar ha dado, casi en broma, casi en serio, origen a un nuevo derecho que, por lo menos, cuando yo era estudiante en la Facultad no lo conocíamos, y que era el Derecho Cautelar. A través de una metodología de presentar medidas cautelares se interrumpe la aplicación de leyes, de decretos dictados por autoridades legítimamente elegidas por el pueblo, se dilata durante años, y es más- esto estoy segura que muchísimos ciudadanos no lo saben – las medidas cautelares que un juez dicta contra el Estado se deciden ináudita parte. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos enteramos, el Estado no se entera,- no se le corre traslado como sucede en cualquier causa por una cuestión elemental del ejercicio del derecho a la defensa, que consagra la Constitución- de las medidas cautelares. Estamos enterándonos, ahora, de medidas cautelares, que estaban hacía años instaladas y que las tenían latentes y que las van presentando – distintos grupos, no vamos a decir quiénes – de acuerdo con sus intereses para ir deteniendo precisamente la aplicación de leyes.
Tal vez el más conocido caso sea el de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, ya sancionada hace más de tres años, me señala acá el titular del AFSCA, tres años que se ha sancionado una ley por el Congreso de la Nación, por amplía mayoría y también debo hacer una aclaración, aún cuando no hubiera sido por amplia mayoría, aún cuando hubiera sido por un voto. Yo quiero recordarles que cosas muy importantes y graves, en este país, se resolvieron no siquiera por un voto, sino por un desempate y nadie dijo nada. (APLAUSOS).
Entonces creo que es importante lograr mucho consenso, la mayor amplitud para poder sancionar las normas, pero también es importante saber que la Constitución indica que las leyes se sancionan con una determinada cantidad de votos y cuando estos votos se obtienen, así sea por un voto, es una ley, que debe ser cumplida por todos los ciudadanos y que deber ser aceptada y respetada por todos los funcionarios, aún aquellos con los cuales no están de acuerdo o que han votado en sentido contrario porque si no sería imposible el ejercicio de la democracia.
Estás medidas cautelares, también, por otra parte, han servido, hay una imagen que presenta a la República exprimida y se caen como dinero, porque han devenido en graves conflictos institucionales porque se han presentado ante jueces sub-rogantes que una vez que dictan la medida cautelar, luego se excusan y además hay juzgados en los cuales hay radicados miles de medidas cautelares, que han implicado perdidas para el Estado y percepción no legal de haberes o de otras sumas de dineros, por parte de sectores que se han presentado y fundamentalmente un gran negocio para muchos estudios jurídicos. Al punto tal que en la provincia de Corrientes están encartados, están encausados funcionarios e inclusive hasta un estudio jurídico por estás cuestiones. O sea no estamos hablando de cuestiones abstractas, estamos hablando de cosas cotidianas, que tienen que ver con la vida de la gente porque además cada vez que al Estado argentino le ha ido mal, finalmente le ha ido mucho peor a las grandes mayorías de la sociedad. Por eso es importante entender que el Estado no es el gran gobernante de turno, ni el partido de turno, el Estado son los 40 millones de argentinos y principalmente aquellos sectores que por su vulnerabilidad, que por su incapacidad de hacer lobbies o presión sobre el resto de los poderes del Estado requiere un Estado lo más transparente y lo menos opaco posible, ya sea en su Poder Ejecutivo; Legislativo o Judicial. (APLAUSOS).
Reforma del Consejo de la Magistratura: algunos decían que esta era la excusa para querer reforma la Constitución. No, el Consejo de la Magistratura se puede reformar en el marco del 114 vigente, otorgándole participación a la ciudadanía, de manera tal de que tantos jueces, como abogados y también los científicos y académicos sean elegidos por el voto popular, en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), de acuerdo con el artículo 38, de la Constitución Nacional. (APLAUSOS). El artículo 38 fue una gran conquista de la reforma del 94, fue consagrar a nivel constitucional a los partidos políticos, como el único instrumento, como el único camino por el cual se debe ejercer la democracia. Uno de los que más insistió en la incorporación de esta norma, en el reconocimiento de la política y de los partidos fue precisamente el ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, lo recuerdo muy bien, yo era constituyente, igual que él, y fue uno de los que más bregó por el reconocimiento de los partidos políticos. (APLAUSOS).
Por eso, no es politización de la Justicia, o partidización, porque en definitiva los jueces también cuando votan ejercen sus derechos políticos. Si pensáramos que los jueces no tienen idea o no pueden hacerlo deberíamos prohibirles el voto y esto sería vivir en un mundo que no existe. Por otra parte, una cosa es la tarea jurisdiccional cuando uno dicta sentencia como juez, que por supuesto no puede estar sometida al voto popular, y otra cosa es formar parte de un organismo de dirección y conducción política, como es el Consejo de la Magistratura. (APLAUSOS).
Si uno forma parte de un organismo que conduce y dirige políticamente un poder, debe estar sometido también a las reglas del conjunto del poder político. Por eso, el pueblo, a través del sufragio universal será quien elija a todos los representantes de los sectores, que conforma el Consejo de la Magistratura. En consecuencia, se convocará a elecciones judiciales democráticas para representantes de los estamentos de jueces, abogados y académicos o científicos, dado que los restantes integrantes legisladores y el miembro del Poder Ejecutivo ya están legitimados por el voto, obviamente popular, interdicisplinario y creo que esta es una de las conquistas más importantes que tenemos que lograr. Y se los dice una abogada, yo creo que no puede ser la Justicia, y en esto parto del órgano que la dirige, la convicción de que solamente un abogado hoy puede tener conocimiento de las cosas que cuestionan o que suceden a una sociedad. Al contrario, creemos que lo interdisciplinario (científicos, académicos, economistas, médicos, contadores, psiquiatras, psicólogos) todos hoy forman parte de una necesidad de integración del poder judicial, donde este carácter interdisciplinario le de precisamente mayor riqueza.
Los académicos, los científicos que serán candidatos provendrán de diferentes ciencias para propiciar un Consejo de la Magistratura interdisciplinario con pleno sentido social y no uno meramente corporativo de los abogados. Que me disculpen los colegas pero somos… en realidad, a ver, naturalmente las profesiones, si uno se remonta al origen de los oficios, que vienen de la Edad Media, nacieron como corporaciones; luego, los oficios se transformaron en profesiones, pero en realidad cuando se agrupan los de un mismo sector – y no quiero cargar las tintas sobre los abogados, pueden ser los médicos si los pones todos juntos, o los dentistas si están todos juntos, o los arquitectos si están todos juntos – natural y humanamente se tiende a una conducta corporativa. Precisamente el hecho de incorporar al nivel de académicos, que van a ser en total un Consejo de la Magistratura, que hoy es de 13 y va a pasar a ser de 19, incorporar proporcionalmente también académicos en la misma proporción que jueces, abogados y legisladores me parece que va a dar una amplia participación y una cosmovisión más amplia a este organismo de la Justicia.
La forma de elección se realizará, como lo dije a través de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), artículo 38 de la Constitución Nacional, y se le respetará el mandato a todos los consejeros que lo tengan vigente. Acá no se intenta desplazar a nadie porque con posterioridad a este elección, se utilizará un sistema similar al que se utilizó con la Suprema Corte de Justicia, cuando se hizo la reducción del número. Que está en cinco miembros, pero actualmente hay siete miembros en la Corte. Y la ley, que fue de autoría, cuando todavía era legisladora dispuso precisamente que a medida que vayan renunciando o sucediendo las cosas que puedan suceder… por favor: ya veo el título, de mañana: “Le mandó una maldición a alguno”… nada, nada. Lo que quiero decir es que se va a respetar los mandatos vigentes, porque si no además entraríamos en una discusión de constitucionalidad e inconstitucionalidad para aquellos para aquellos que ya tienen mandato, que además también es el mismo sistema que se adoptó no solamente para la Corte, sino que adoptamos en el año 94, cuando se redujo la cantidad de senadores, la duración de los senadores, que era de nueve años y pasó a seis, y entonces hubo un interregno, en el cual, además, a través de disposiciones transitorias y cláusulas transitorias de la Constitución se estableció muy claramente que se respetaba el mandato de los senadores que habían ingresado con los nueve años, hasta que fueran ingresando, luego, los nuevos senadores con los seis años, como marca actualmente la Constitución. Como verán nada nuevo bajo el sol, en cuanto a sistema de sustitución.
Requisitos: no se exige el título de abogado para ser consejeros, desde el lado de los académicos y los requisitos son los mismos que para ser Diputado Nacional. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, respetando también el espíritu de la Constitución. Ustedes saben que la Constitución ha establecido para modificar la Ley del Consejo de la Magistratura una mayoría agravada que exige la mitad más uno, no de los miembros presentes si no de la totalidad de los miembros. Este mismo espíritu se va a trasladar a las mayorías, que se requerirán en el Consejo de la Magistratura.
Los concursos, los famosos y benditos concursos del Consejo de la Magistratura, que algunos han durado – a ver algún consejero que me ayude – tres o cuatro años, algunos no es cierto y un poquito más también, ¿no? La regla general se garantizará de la ecuanimidad y calidad técnica en el régimen de concursos para la selección de los magistrados. Vamos a establecer en la ley una mecánica: igualdad en la valoración de antecedentes, se establece igualdad de condiciones y no discriminación para quienes no formen parte del Poder Judicial. (APLAUSOS). O sea todo aquel que sea abogado de la matrícula, reúna las condiciones y apruebe los exámenes, ser ya parte integrante del Poder por haber ingresado como funcionario, o como magistrado no es una calificación especial. La meritocracia no puede darse a partir del lugar que alguien le dio, si no fundamentalmente como su nombre lo indica, a partir de los propios méritos y en paridad de condiciones con los ciudadanos que tengan los mismos atributos.
Jurados docentes de universidad públicas: los jurados estarán integrado exclusivamente por profesores de cada especialidad, designado por concurso en universidades nacionales públicas, que se integrarán por sorteo. Los miembros, funcionarios y empleados del Consejo no podrán ser jurados. (APLAUSOS). Esto sería muchas veces como que los Diputados pudiesen elegirse entre ellos, o los Senadores entre ellos, o yo pudiese elegir al próximo presidente. No estaría mal, pero no se puede ni se debe, ni se quiere tampoco además.
Concursos múltiples: las ternas enviadas al Poder Ejecutivo serán verdaderas ternas, pues se remitirá desde el Consejo al Ejecutivo a tres candidatos, por cada uno de los cargos. Hoy, actualmente, a medida que son más los cargos prácticamente no se respeta el tema de la terna y entonces por allí para cuatro cargos, que deberían venir doce, vienen cinco o seis de manera tal de que no se cumple el requisito de la terna como se marca en la legislación vigente, y entonces por cada cargo deberá haber una terna.
Concurso previo: esta es una figura nueva que hemos introducido, y la verdad que debo reconocer que ese es un aporte que vino de la lectura de un académico que había publicado el tema de los concursos previos, en un conocido matutino, le leí, lo planteé en el Ministerio de Justicia y realmente uno de los grandes problemas que tenemos, y lo saben todos los que son integrantes de las cámaras, el presidente de la Corte, es cuando se produce una vacante, luego, ese juzgado o esa cámara permanece con subrogancia durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay que hacer un concurso y de acuerdo al juzgado o a la cámara son las discusiones y las peleas. Entonces, también se afecta algo que es fundamental en el derecho, que es el del juez natural. ¿Qué es el juez natural, para los que no son abogados? Es aquel magistrado que te toca por competencia, por domicilio, por jurisdicción y cuando se produce una vacante en un juzgado que tiene determinadas causas todos pugnan para ir a ese juzgado y no al otro. Además de todo el tiempo que se demoró, los concursos previos van a permitir que se concurse por materia, y también por nivel, o sea primera instancia o cámaras y estén en orden de espera y la primera vacante, cualquiera sea la vacante y el lugar donde esa vacante se produzca ahí tiene que ir esa persona. De tal manera que no se pueda digitar más, te guste este juzgado, quiero ir a aquella cámara. Creo que, además, esto respeta a fondo el principio del derecho natural. (APLAUSOS). Para terminar precisamente entonces con la existencia de vacantes indefinidas y garantizar eficiencia y celeridad en el funcionamiento del consejo. Hoy se espera que se produzca la vacante para sustanciar el concurso, con el concurso previo cubrimos con magistrados concursados las vacantes que se generan de forma inmediata, garantizando el principio constitucional, como les decía, del juez natural. El concurso previo determinará por fuero e instancias las ternas de candidatos que podrán ocupar las vacantes generadas siempre que estas se produzcan dentro de los 3 años posteriores a su realización.
Yo pienso, tal vez, que podría ser un poquito más, un año más, pero es una que discutirán seguramente los legisladores.
Ejemplo: se llama a concurso para fuero de primera instancia sin distinción de jurisdicción.
Impedimentos para concursar: se impide que se pueda presentar a concurso quienes hayan desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar.
Subrogantes: bueno, una figura…quizás un poco árido el tema para aquellos que no son abogados, pero es muy importante porque…voy a decir algunas cosas luego al final de la importancia que tiene y cómo se puede decidir la vida de la gente y las cosas más cotidianas a partir de estas cuestiones.
Subrogantes, su designación y su régimen disciplinario: yo les contaba del caso de jueces subrogantes que deciden medida cautelares importantes, luego se retiran o se declaran competentes, también este es otro método que se utiliza muy a menudo, tomar una decisión, declarase incompetente pero la decisión queda clavada ahí e inmovilizada.
La designación de jueces subrogantes estará a cargo del Consejo de la Magistratura y no de cada Cámara como es en la actualidad.
Se incluye además, en el régimen disciplinario de los jueces titulares, a los subrogantes y a los jubilados convocantes. No puede ser patente de corso ser juez jubilado o subrogante para cubrir una vacancia.
El segundo punto, es la ley de ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal y la Defensa. Se implementará un mecanismo por el cual cada aspirante deberá demostrar el mérito a través de la aprobación de un examen y una vez aprobado, quedará inmediatamente incluido en una nómina de ingresantes.
Anualmente, se realizará un sorteo por Lotería Nacional, como el Pro.Crear, que determinará quiénes son los integrantes en función de la cantidad de cargos existentes. Estamos hablando, obviamente, del Poder Judicial, no vamos, por favor, que mañana nadie titule “Van a designar jueces por la Lotería Nacional”, ¿no? Estamos hablando, se entendió, ¿no?, claramente…
Porque vamos a ser claros: hay muchísimos chicos que se reciben de abogados y que les encantaría ingresar al Poder Judicial; pero hay una realidad: si no tenés un amigo o un pariente o alguien que te haga entrar, no entrás ni disfrazado de mono al Poder Judicial.
Bueno, queremos acabar con esto y que cada argentino que tenga el título de abogado o que tenga los requisitos para ser empleados de la Justicia, pueda hacerlo. Y como seguramente va a haber una cantidad de aspirantes importante, porque es una carrera buena a la que todo el mundo le gusta, si hay una buena cantidad de integrantes, es bueno que sea transparente el sorteo. Reitero: estamos hablando de los empleados del Poder Judicial.
Este proyecto, permitirá el ingreso de todos los argentinos en igualdad de condiciones a la carrera judicial. Se respeta todo el escalafón de la carrera judicial. Esto también hay que dejarlo en claro para evitar mañana esas interpretaciones que surgen y, entonces, se piensa que de repente alguien por sorteo va a terminar como jefe de despacho. No es así. Se respetará el escalafón de la carrera judicial.
También se implementarán concursos de antecedentes y oposición para acceder a los cargos letrados: secretarios y prosecretarios letrados. Esto les impide a los jueces, no a la Corte, poner a su secretario de confianza. Un candidato… Es un cambio fuerte, yo sé que es un cambio fuerte para los juzgados federales, por ejemplo, que por supuesto, van a poder seguir con su secretario privado y su relator también. Pero creemos que los secretarios y prosecretarios no pueden ser de propiedad del juez, sino que deben ser miembros del Poder Judicial de la Nación y, por lo tanto, deben también someterse a esto.
El tercer punto, ley de publicidad de los actos del Poder Judicial: en orden a la garantía de la publicidad de los actos de gobierno, la ley tendrá como objeto principal la publicación obligatoria de todas las causas existentes en el Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores. Y hoy con el Internet, creo que debe ser una de las cosas más fácil en el mundo…Se creará un registro donde constará el ingreso de causas en todo el Poder Judicial por Internet, número de expediente, carátula, objeto del pleito, foro de origen, fecha de inicio, estado procesal.
De manera tal que cuando salen las sentencias, no sean una suerte de delivery judicial o de una agenda mediática, sino que realmente haya un tratamiento en el cual se privilegie el ingreso de la causas, la fecha en que estas ingresan y que todos los ciudadanos sepan por qué. Porque no podemos seguir con causas importantes que duermen el sueño de los justos porque tal vez haya alguien poderoso que no le interese que salga y, por otro lado, salgan causas de gran impacto mediático para así darse cobertura y decir que tenemos un Poder Judicial que funciona adecuadamente.
Yo hablo descarnadamente porque lo he hecho siempre de esta manera, porque además, esta cuestión no es una cuestión que me involucra ahora como Presidenta, sino los que me han conocido como legisladora también han conocido de…bueno, de todo lo que he hecho, no solamente para lograr la democratización de este Poder, sino también y sin soberbia, las PASO tan criticadas y que pensaron que iba a ser un verdadero fracaso y que para mí eran la democratización y la legitimidad de los partidos políticos, que no me fue bien cuando fui legisladora porque no pude obtener los votos necesarios.
Bueno, siendo Presidenta lo pudimos hacer y el Poder Legislativo, a través de las PASO y los partidos políticos, adquirieron una densidad y una legitimidad y una participación popular que antes no teníamos. Y esto es lo que tenemos que lograr: que la sociedad se involucre.
Porque muchas veces hay dirigentes que le tienen temor a la participación de la sociedad. Pero yo creo que es el mejor reaseguro que todos tenemos para que todos también seamos responsables. Porque si no es muy fácil señalar con el dedo o criticar. Hay que tratar que la sociedad se involucre, participe y también decida para que todos seamos responsables de las cosas que nos pasan a los argentinos.
La Corte y las Cámaras, tendrán la obligación de publicar el contenido de las sentencias, de las resoluciones y de las acordadas. Esto sucede a diario con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo. Yo cada vez que firmo un decreto, aparece publicado en el Boletín Oficial. Todo lo que ingresa al Poder Legislativo está en la banca legislador, la orden del día, hasta las mínimos notas que ingresan al Poder Legislativo, son públicas, figuran en la orden del día, todos los proyectos de ley que ingresan y, luego, cuando las comisiones funcionan, también los proyectos de cada comisión, si hay proyecto de mayoría, de minoría, puede haber hasta 20 proyectos sobre una misma ley y, finalmente, luego se publica la ley sancionada y también se vuelve a publicar en el Boletín Oficial.
Entonces, hay una publicidad muy fuerte respecto de los actos del Poder Legislativo y de los actos del Poder Ejecutivo que deben también trasladarse al Poder Judicial. Sobre todo, cuando se deciden cosas tan importantes.
Ley de creación de las Cámaras de Casación: bueno, con miras a agilizar la tramitación de las causas, como lo había indicado, se va a crear la Cámara de Casación Federal en lo Contencioso Administrativo, la Cámara Casación Federal y Nacional del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara de Casación Federal y Nacional en lo Civil y Comercial que acompañará a la que ya existe en lo Penal y de esta manera descomprimir la tramitación de causas de la Suprema Corte de Justicia que, como yo les indicaba, resuelve aproximadamente 9.300 causas por año contra 80 de la Corte de los Estados Unidos. Y además, va a servir también para unificar la jurisprudencia tanto nacional como federal, agilizar el desarrollo de las causas judiciales y garantizar la aplicación del Derecho de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales tal cual lo marca la normativa vigente.
Quinto: la ley de publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres Poderes del Estado. Establece este proyecto de ley, que las declaraciones juradas patrimoniales serán de carácter público, de libre accesibilidad, que podrán ser consultadas a través de Internet. Algo similar, para que todos lo tengan claro, a lo que ocurre con las declaraciones juradas de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
Incorpora como sujetos obligados a los funcionarios de los tres Poderes del Estado y a las personas que se postulen también para el ejercicio de cargos electivos. Esto no es solamente para los que ya están, sino para los que quieren venir también, porque es bueno que todos conozcamos, en definitiva, y tengamos acceso a este tipo de información. Incluye a todo el Poder Público, por ejemplo, a todos los magistrados y funcionarios judiciales, los defensores del pueblo, síndicos, auditores, cónsules, rectores, decanos, etcétera.
Ustedes saben que allá por los años 90, se había sancionado una ley de le ética pública y se había conformado una comisión nacional de la ética, a la cual se iba a convocar a los más éticos de la Argentina. Bueno, esta comisión nunca se conformó, no porque en la Argentina no hay éticos, que los debe haber seguramente, pero es muy difícil. ¿Quién tiene el centímetro para medir la ética del otro? Es bastante difícil. Nunca se conformó y, a no conformarse esa comisión de la ética pública, nunca se puso en marcha, precisamente, el tema de las declaraciones juradas de los otros Poderes del Estado. Inclusive, hubo una declaración de inconstitucionalidad, creo por parte de la Corte Suprema de Justicia, de querer involucrarla en aquel momento en la comisión de ética pública.
Acá no vamos a convocar a nadie para que consideremos el más ético de la República Argentina. Es algo mucho más sencillo: es que cada uno publique su declaración jurada y lo más sencillamente posible, de la misma forma que se hace ante la AFIP. Porque, en definitiva, en cualquier país del mundo, no puede haber 3 o 4 tipos de declaraciones juradas. La declaración jurada por excelencia en todos los países, es la declaración jurada que se presenta ante el organismo recaudador, tenga que pagar impuestos o no tenga que pagar impuestos. No hace falta tener ganancias para tener obligación de hacer la presentación ante la AFIP; basta simplemente ser ciudadano y tener que presentarla. Modifica la ley nacional de ética pública y suprimiendo la comisión nacional de ética pública que nunca, nunca se creó.
Por último, ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados, que tiene que ver con algunas cosas que expuse al comienzo de estas reflexiones. Y que tiene que ver con la distorsión, la formidable distorsión que se ha operado sobre las medidas cautelares, verdaderamente escandalosas en algunos casos, que de haberse producido en relación a algún funcionario del Poder Legislativo o aún peor, del Poder Ejecutivo, seguramente le hubiera venido o juicio político o, por lo menos, una condena judicial.
Queremos…precisamente en el orden nacional, no existe hoy una regulación orgánica del proceso contencioso administrativo; tenemos que trabajar también en un Código Contencioso Administrativo, algo que demorará más tiempo seguramente y, por consiguiente, no existen en la actualidad normas que específicamente regulen las medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados.
En la actualidad, los jueces aplican el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es absurdo querer aplicar el Código Procesal Civil y Comercial que rige las relaciones fundamentalmente entre privados al Estado nacional que, evidentemente, no tiene absolutamente nada que ver con las relaciones de carácter patrimonial ni con la responsabilidad que puede producirse entre dos particulares.
Sin embargo, este cuerpo normativo, el Código Procesal Civil y Comercial, tiene por finalidad regular, precisamente, las relaciones procesales que medien entre privados. Y por eso, es necesario regular estas medidas cautelares…
Cuando uno examina el Derecho Público Provincial, verifica que en todas las provincias argentinas han dictado normas específicas relativas a las medidas cautelares contra las autoridades públicas, no así en el orden nacional.
Frente a la ausencia del régimen procesal específico, la adjudicatura federal exhibe una dispersión de criterios en las medidas cautelares que es en algunos casos –y para no hacer ningún adjetivo- diríamos, opaca, para no hacer adjetivos que no corresponden, dándolo opacidad a la Justicia que es lo que no queremos.
Y el proyecto de ley regulatoria…la regla general es buscar proteger el interés público. Para que proceda una medida cautelar contra el Estado, el particular tiene que demostrar que el perjuicio no es reparable.
¿Qué quiero decir con esto? Las medidas cautelares normalmente en la Justicia Civil y Comercial, un particular contra otro particular, se toman porque si esta persona me debe dinero, puede llegar a insolventarse y, entonces, yo no puedo ejercer mi derecho y entonces de esta manera trabo una medida cautelar que puede ser inhibitoria general de bienes, embargo, etcétera.
Pero el Estado no puede ser declarado en quiebra, el Estado no puede ser insolvente. Por lo tanto, la única medida cautelar que puede prosperar contra el Estado, es aquella cuando media la vida, la seguridad, el medio ambiente o la libertad de una persona. Pero cuando la medida es de neto corte patrimonial, cuando el Estado podría estar cometiendo, digamos, algo que perjudique económicamente a un tercero, no procede una medida cautelar porque, en definitiva, luego ese particular hará un juicio y ganará y le pagarán la indemnización por todos los daños que el Estado…De hecho, esto sucede cotidianamente.
Por eso, el Tribunal tendrá que dar vista previa el Estado. Hoy nos enteramos, como les decía, el principio de las medidas cautelares a algunas que se han dictado y se han mantenido dormidas y latentes. Nos enteramos porque se dictan “inaudita parte”, sin darle traslado a la otra parte.
Aquí, si se me permite, se afecta el derecho de defensa consagrado para cualquier particular en la Constitución Nacional, derecho de defensa que el Estado también tiene porque representa el interés de los 40 millones de argentinos. Si tiene derecho a defenderse un ciudadano, ¡cómo no va a tener derecho a defenderse y contestar un Estado que está representando el interés público de 40 millones de argentinos! Se asegura, entonces, el derecho del Estado a ser oído.
En los supuestos en que se ponga en juego la vida o la salud de la persona o derechos de carácter alimentario, la cautelar podrá decidirse sin audiencia previa. Esto también sucede en lo particular.
La medida cautelar no puede superar los 6 meses como plazo razonable para llegar al dictado de la medida de fondo. Salvo cuando la medida tenga por objeto la protección directa de la vida o la salud de la persona o un derecho alimentario. Esto también ya fue resuelto por la Corte en la causa “Grupo Clarín y otros” sobre medidas cautelares –sin silbidos, ya dije- pese a que alguna Cámara todavía no sabemos qué considera plazo razonable.
Pero bueno, como parece ser que los jueces no han escuchado a la Corte, esperemos que escuchen al Parlamento argentino porque acá nadie ha sido elegido con la varita divina y los Poderes del Estado tienen que funcionar dentro del marco de la Constitución y, en definitiva, no puede haber tampoco nada por sobre la soberanía popular, sobre todo cuando una ley no ha sido declarada inconstitucional.
Cualquier juez puede declarar inconstitucional una ley, sin lugar a dudas; pero no puede estar 5 años para determinar que es inconstitucional. Esto es lo que queremos decir.
Se establece además, que el recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar que suspenda total o parcialmente leyes o decretos de necesidad y urgencia, tendrá efecto suspensivo, es decir, se suspenderá la medida cautelar dictada si es apelada por el Estado. Se establece la facultad del Estado de interponer remedios urgentes frente a hechos, actos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público o perturben la integridad o destino de los bienes afectados a esos cometidos.
Estas son en términos generales las leyes que vamos enviar hoy por la noche o mañana e ingresarán para ser tratadas por el Parlamento argentino.
La importancia de estas cuestiones: la importancia de que las cuestiones se resuelvan cuando está en juego la seguridad, cuando está en juego también la seguridad de los derechos, las garantías constitucionales, el derecho del Estado a preservar y a velar por que una sociedad pueda desarrollarse en forma armónica y no porque algún sector, desde una posición de fuerza relativa por el cargo que desempeña, por la actividad que realiza, pueda finalmente presionar o extorsionar al conjunto de la sociedad.
Me parece que los derechos de todos deben ser respetados, pero cuando digo de todos es de todos. Y yo creo que lo menos a que aspiramos de un juez, de un fiscal, de la magistratura en general, que cuando alguien cree que por defender su derecho tiene que impedir que otros ciudadanos lo ejerzan o quiere conculcarle el derecho a expresarse, yo creo que es necesario, entonces, que esa Justicia logre un equilibrio en los derechos de toda la sociedad.
Lo estamos viviendo muchas veces en momentos difíciles de la sociedad, como nos pasó estos días trágicos que hemos vivido lo argentinos, cuando a alguien se le ocurrió además ir a bloquear una destilería, por ejemplo, en medio de una crisis monumental…no, no, sin chiflidos, pero con la realidad de que no podemos más aceptar la violencia, la presión y la extorsión.
Yo no quiero vivir en una sociedad violenta, quiero vivir en una sociedad democrática, en la que cada ciudadano sea respetado, en la que cada ciudadano tenga derecho a defender lo que él cree legítimo y recurra a la Justicia en todo caso, pero no a la mano propia. Porque si cada uno de nosotros, que cree vulnerado su derecho o su reclamo, toma actitudes unilaterales, sería imposible vivir en sociedad.
Por eso queremos una Justicia legítima, democrática, ágil y para todos los argentinos, sin miedos a nadie. Porque en lo que respecta a este Poder Ejecutivo, creo que tengo el orgullo de poder decir que pocas veces ser ha vivido en un clima de libertad y de que cada argentino haga y muchas veces diga lo que quiera, aún cuando haga lo que quiera sea violatorio de la ley, como se ha vivido en estos 10 años.
Por eso creo que es necesario que todos comprendamos el esfuerzo de poder, no renunciar a lo que pensamos ni a lo queremos o creemos que nos corresponda, pero sí a ejercerlo en el marco de la Constitución. Y para eso necesitamos jueces que estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática, de la misma que hubo presidentes que se jugaron por vivir en una sociedad más justa, más equitativa, a la que todos los ciudadanos pudieran acceder a los bienes y servicios fundamentales.
Yo creo que también merecemos jueces y juezas que garanticen a todos los argentinos, como parte del Estado, porque no olvidemos que ese Poder Judicial es uno de los tres Poderes del Estado, que el Estado pueda seguir funcionando y conjuntamente funcione la sociedad.
Y yo creo que esto debe llevarnos a todos los argentinos, en estos momentos difíciles que nos tocaron y nos tocan vivir, y este ha sido un ejercicio de solidaridad maravilloso, también tener la solidaridad y la organización que requiere de cada ciudadano, en el lugar y con el cargo que tiene que ejercer, para vivir una Argentina todos los días un poco mejor.
Por eso, la presentación de estos proyectos que habíamos anunciado aquel 1º de marzo, desde el cual nos pasaron tantas cosas en términos institucionales y hasta en términos personales también, darles las gracias a todos los magistrados y magistradas que nos acompañan, al señor Secretario General de la CGT, al señor Secretario General de la CTA, a otros dirigentes gremiales que no había visto pero que ahora los diviso y que quiero saludarlos, legisladores y, en general, a todos aquellos que se han acercado.
Y lo más importante: esto lo va a debatir el Parlamento argentino y, entonces, yo espero que ese debate sea serio, profundo y esté a la altura que merecen los tiempos.
También, tal cual se mencionaba en el video, la necesidad…ya hemos presentado un proyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial que también seguramente se va a tratar este año; se va a trabajar en la reforma del Código Penal y tenemos que trabajar y pedirle al Senado a ver si nos aprueban el Digesto, aquel famoso Digesto que está desde el año 2011 para saber los argentinos que apenas 3.000 y pico de leyes son las que constituyen el Cuerpo Legislativo de la República Argentina sobre ese cúmulo de 32.000 leyes.
Este es un mandato cuyo imperativo data del año 1994, cuando se reformó la Constitución. Era mandato del Parlamento que fuera realizado, luego fue derivado a facultades, a la Facultad de Derecho, finalmente, lo terminó como siempre haciendo el Estado nacional, en este caso, el Ministerio de Justicia, estamos esperando la sanción. Así que, esperamos que este año “habemus Digestum”.
Muchas gracias a todos y a todas, bueno, y agradecerles el acompañamiento como siempre.
Muchas gracias. (APLAUSOS)

ARGENTINA La Jefa de Estado presentó un conjunto de proyectos para la “democratización, transparencia y agilización” de la Justicia

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Lunes, 08 de Abril de 2013
La Jefa de Estado presentó un conjunto de proyectos para la “democratización, transparencia y agilización” de la Justicia

La presidenta Cristina Fernández presentó esta tarde en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno un grupo de proyectos destinados a “democratizar la Justicia”. Entre otras medidas, se propone la reforma del Consejo de la Magistratura y la elección de sus miembros mediante voto popular, la presentación de declaraciones jurados de magistrados, y la reglamentación de las medidas cautelares.
La Presidenta de la Nación sostuvo que el actual funcionamiento del Poder Judicial “exige una democratización para darle mayor legitimidad a uno de los poderes del Estado, tal vez el más importante, porque es el último lugar donde se revisan los actos” del gobierno y en el que “se decide la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos”.
La Jefa de Estado afirmó que la batería de proyectos “forma parte también de un proceso que se inició hace una década”, cuando, a partir del gobierno de Néstor Kirchner se le dio “legitimidad a un Poder Ejecutivo que venía sumamente desprestigiado”. Indicó que los proyectos ingresarán “una parte por el Senado, y otra lo hará por la Cámara de Diputados, de manera que no se amontonen en una sola cámara”, y su tratamiento pueda ser más rápido.
Acciones para la democratización de la justicia
• Reforma del Consejo de la Magistratura para que los miembros sean elegidos por voto popular. Se amplía de 13 a 19 miembros: además de legisladores, jueces y abogados, se integrarán cinco académico de diferentes extracciones. No serán elegidos por voto los representantes del Poder Ejecutivo y el Legislativo.
• Ley de ingreso democrático al Poder Judicial: Ya no se privilegiará para ser juez al que ya pertenezca al Poder Judicial. Se implementará un concurso previo para cubrir vacantes. Para evitar favoritismos, el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial será por examen, y si los postulantes exceden los cargos a cubrir, se realizará concurso público.
• Nuevo Registro Público de Causas en todos los tribunales para mejorar el acceso de la información.
• Ley que establezca la obligatoriedad de presentación de las declaraciones juradas del Poder Judicial y del Poder Legislativo, igualando los requisitos exigidos al Poder Ejecutivo.
• Regulación de medidas cautelares contra el Estado para agilizar las sentencias definitivas. No podrán superar los seis meses las resoluciones de fondo.
• Se crearán tres Cámaras de Casación: Contenciosa Adminsitrativa Federal; Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social; y Federal y Nacional en lo Civil y Comercial, para aliviar trabajo de la Corte Suprema y unificar la jurisprudencia.
Además se actualizarán los Códigos Civil, Comercial y Penal y se reformarán los códigos procesales para modernizar los procesos judiciales y acortar plazos.
La Primera Mandataria aseguró que “la medida cautelar ha dado origen a un nuevo derecho, el derecho cautelar. A través de presentar medidas cautelares, se interrumpe la aplicación de leyes, se dilata durante años. Y es más: las medidas cautelares se deciden in audita pare. El Estado no se entera, no se le corre traslado, como ocurre con cualquier causa”. “Tal vez el hecho más conocido es el de la ley de medios audiovisuales: tres años que se ha sancionado una ley por amplia mayoría”, recalcó.
Cristina Fernández sostuvo que dichas medidas cautelares “han devenido en graves conflictos jurisdiccionales. Hay juzgados en los cuales hay radicadas miles de medidas cautelares, que han implicado pérdidas para el Estado y un gran negocio para muchísimos estudios jurídicos”. “El Estado son los 40 millones de argentinos y principalmente aquellos sectores, que por su vulnerabilidad, requiere un Estado lo más transparente y lo menos opaco posible”, expresó.
Por otra parte, la Presidenta remarcó que la reforma constitucional de 1994 a “los partidos políticos como el único camino por el cual se debe ejercer la democracia”, por lo cual enfatizó que la reforma planteada para el Consejo de la Magistratura “no es politización o partidización de la Justicia”.
Afirmó que “una cosa es la tarea jurisdiccional, que no puede someterse al voto popular, y otra cosa es ser parte de un organismo que conduce y dirige a un poder del Estado”. “Los académicos o científicos – que integren el cuerpo – provendrán de distintas ciencias, para conformar un Consejo de Magistratura plenamente consustanciado con lo social, y no corporativo de los abogados”, aseguró.
Respecto a los jueces subrogantes, la Jefa de Estado recordó que algunos “determinan medidas cautelares, luego se retiran o se declaran incompetentes”, por lo que su designación “estará en manos del Consejo de la Magistratura y no de cada cámara”. “No puede ser patente de corso ser juez subrogante o jubilado para ocupar una vacancia”.
Acerca de la publicación obligatoria de todas las causas en Internet, indicó que el objetivo es que cuando salen las sentencias, “no sean un delivery judicial”. “No puede ser que haya causas que duerman el sueño de los justos, y otras que salgan para que haya un impacto mediático y digan que hay un poder judicial independiente”, expresó.
Afirmó que con la democratización de la justicia se debe “lograr que la sociedad se involucre. Muchos dirigentes le tienen temor a la participación de la sociedad, pero es el mejor reaseguro para que se actúe con responsabilidad”.
La Primera Mandataria indicó que las declaraciones juradas de los miembros de los tres poderes del Estado “podrán ser consultadas a través de Internet”, en consonancia con lo que ocurre actualmente con las de los miembros del Poder Ejecutivo. “Es la declaración que se presenta ante el organismo recaudador, no hace falta tener ganancias para presentar la declaración ante la AFIP”, señaló.
Asimismo, Cristina Fernández consideró que “es absurdo querer aplicar el código que rige a los ciudadanos particulares al Estado nacional”. Por tanto, sostuvo que las cautelares contra el Estado deben “buscar proteger el interés público: el particular debe probar que el perjuicio no es recuperable”.
También expresó que ante cada medida cautelar “el tribunal tendrá que dar vista al Estado” y enfatizó que “si tiene derecho a defenderse un ciudadano, como no va a tener derecho a defenderse el Estado, que representa a los 40 millones de argentinos”.
La Presidenta aseveró que a través del proyecto la cautelar no podrá “superar los seis meses como plazo razonable, para llegar a una medida de fondo”. “Cualquier juez puede dictaminar como inconstitucional una ley; pero no puede estar cinco años para determinar si es inconstitucional”, recalcó.
Opinó que “cuando alguien cree que por defender su derecho, tiene que impedir que otros ciudadanos lo ejerzan, es necesario que la justicia equilibre los derechos de toda la sociedad”.
Respecto a medidas como el bloqueo a destilerías, sostuvo que “no podemos más aceptar la violencia, la coacción. Quiero vivir en una sociedad donde cada ciudadano tenga derecho a vivir en paz”. “Por eso queremos una justicia legítima, ágil, y democrática para todos los argentinos”, señaló
“Necesitamos jueces que estén dispuestos a jugarse por una sociedad democrática, de la misma manera que hubo presidentes que se jugaron para construir una sociedad más justa, más equitativa”, aseguró la Jefa de Estado. Y enfatizó que se el objetivo es tener “jueces que permitan que el Estado pueda seguir funcionando y conjuntamente con la sociedad”.
Asistieron al acto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia, Julio Alak; la presidenta del Senado, Beatriz Rojques de Alperovich y el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, entre otras autoridades.

ARGENTINA BUENOS AIRES Se firmó el proyecto de Ley provincial de Juicio por Jurado

Viernes 11 de Mayo de 2012 | Gacetillas
Se firmó el proyecto de Ley provincial de Juicio por Jurado
La Plata.-El Gobernador destacó que “permitirá una fuerte participación ciudadana en todo lo que es la resolución de litigios que se puedan presentar”. Estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín; y el subsecretario de Justicia, Carlos Cervellini.

El Gobernador explicó que la iniciativa se encuentra en la misma línea de lo que ha sido poner en marcha la figura de la Policía Judicial que actualmente se encuentra en debate, y el Defensor del Pueblo, que, según remarcó, “era una asignatura pendiente en nuestra constitución provincial del año 94”.
Por otra parte, reconoció la tarea realizada por el ministro (Justicia y Seguridad) Ricardo Casal y todo su equipo “por haber trabajado junto a técnicos y especialistas en la elaboración del proyecto” de Juicio por Jurado.
“Y el próximo lunes presentaremos la mediación civil, tras 159 años de la primera Constitución Nacional”, anticipó Scioli junto a Casal y a los subsecretarios César Albarracín y Carlos Cervellini. (prensa 2527)
km/gd/adm

ARGENTINA Avanza en el Congreso el proyecto de ley que regula la tercerización presentado por Facundo Moyano

El 04/19/2012 at 6:11 pm por Juventud Sindical
Avanza en el Congreso el proyecto de ley que regula la tercerización presentado por Facundo Moyano
FUENTE: JUVENTUD SINDICAL
http://juventudsindical.com/2012/04/19/avanza-en-el-congreso-el-proyecto-de-ley-que-regula-la-tercerizacion-presentado-por-facundo-moyano/
Tomó estado parlamentario el proyecto de ley que presentó en el Congreso de la Nación nuestro referente Facundo Moyano, el cual propone modificar el artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo a través del cual se tiene como objetivo regular la tercerización laboral haciendo a las empresas grandes “solidariamente responsables” de aquellas que contratan para tercerizar trabajos. Esta noticia nos debe llenar de orgullo y compromiso.
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados acompañó el proyecto presentado por el líder de la Juventud Sindical y diputado nacional del Frente para la Victoria, quien además representa en la Cámara Baja a la Confederación General del Trabajo. De los 23 diputados presentes tan sólo uno decidió no acompañar el proyecto: Juan Martín Obiglio del PRO.
El proyecto lo confeccionó Facundo junto al diputado nacional Héctor Recalde y al secretario de Derechos Humanos de la CGT Julio Piumato, y contó con el acompañamiento del diputado nacional y secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini.
Entre los fundamentos de la iniciativa para regular la tercerización se remarca que “existen razones de suma importancia para receptar la reforma legislativa propuesta, la cual tiene por finalidad brindar una respuesta adecuada a la necesidad de protección del trabajador, que a raíz de la evolución y la utilización abusiva de la figura de la tercerización por parte de las empresas se encuentra cada vez más expuesto a la precarización de sus condiciones laborales”.

Asimismo señala que “esta situación que afecta a un gran universo de trabajadores -en su mayoría jóvenes en su primer empleo- ha quedado expuesta recientemente con el conflicto que involucró a trabajadores de empresas tercerizadas de la actividad ferroviaria, que manifestándose legítimamente contra la utilización abusiva de la tercerización, desencadenó en la trágica muerte de un militante que participaba en la lucha contra la precarización laboral”.
A fines del 2010 Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, había sostenido en relación a un conflicto con el Sindicato de Camioneros: “Tenemos que poder contratar empleados tercerizados para desarrollar nuevos proyectos. Los excesivos costos laborales solo hacen que crezcan el empleo en negro”. En tanto que el titular de la Unión industrial Argentina (UIA), Ignacio De Mendiguren, había manifestó también que la ley Moyano podría “atentar contra la competitividad” y que la tercerización “es una herramienta utilizada a nivel mundial”. La respuesta del Facundo no tardó en llegar y a través de su cuenta de twitter le retrucó: “Ignoran y por eso no debaten” y añadió que “El Proyecto no plantea la eliminación de la tercerización, sino que la regula volviendo a la redacción original de la Ley de Contrato de Trabajo evitando que sea utilizada como una herramienta de precarización y explotación. Demos el debate de cara a la sociedad”.

ARGENTINA Primero la Patria

El 04/16/2012 at 11:41 pm por Juventud Sindical
Primero la Patria
FUENTE: JUVENTUD SINDICAL
http://juventudsindical.com/2012/04/16/primero-la-patria/

Comunicado de la Juventud Sindical a propósito de la decisión de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner de enviar al Congreso el proyecto de ley para expropiar las acciones de YPF, equivalentes al 51 por ciento del capital social, en el marco de un proyecto de ley de soberanía hidrocarburífera.
“Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a éste con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera”
E. Mosconi
La decisión del ejecutivo de poner a YPF bajo el control estatal es una medida que debe alegrarnos a todos los argentinos. Todos aquellos que nos sentimos identificados con los hombres que encabezaron la resistencia a la entrega del patrimonio nacional en los 90, estamos profundamente conmovidos por esta decisión. Construir una Patria con Justicia Social para todos requiere poder controlar los resortes fundamentales de nuestra economía. El fracaso de la política energética llevada adelante hasta ahora y la necesidad de profundizar una política nacional de control de los recursos nacionales en dicha materia se hace necesario para profundizar el modelo.
Repsol compró YPF en 1999 con la estructura industrial del país en decadencia, con lo cual la demanda energética era débil y sin perspectiva de crecimiento. El combustible que se sacaba de nuestro suelo no era visto como una herramienta para desarrollar nuestra riqueza, sino como un producto más de exportación que se vendía sin sumarle ningún tipo de valor agregado. Uno de los pilares del proyecto neoliberal era la exportación de energía, que en el caso de YPF representaba un negocio inmejorable ya que las grandes inversiones en exploración, reservas y desarrollo las había hecho el Estado. No importa producir petróleo sino obtener ganancias, así sea exprimiendo y destruyendo una empresa estratégica para el desarrollo de un país.
Repsol-YPF no cambió de política en estos últimos años. Mientras la economía argentina creció un 96% (PBI) entre 2002 y 2011, Repsol pasó a producir un tercio menos. Durante 2011 se tuvo que comprar energía al exterior por 9000 millones de dólares, mermando fuertemente el superávit comercial. El control de precios, las presiones del Estado y las importantes retenciones que se le cobran a la exportación de petróleo crudo sirvieron en su momento para regular la actividad, mantener bajo el precio de la energía y redistribuir socialmente la renta extraordinaria del petróleo. Pero hoy se sienten los límites de no poseer una política energética propia. La introducción de capitales supuestamente nacionales tampoco.
La política del gobierno de introducir grupos de banqueros “nacionales” al control de una parte accionaria de YPF y a su gerenciamiento local tampoco generó los resultados esperados. El Grupo Petersen (Eskenazi) entro a la compañía sin poner un peso; acordaron pagar el paquete accionario a Repsol mediante las futuras ganancias obtenidas, con la consecuencia lógica que los beneficios no serán reinvertidos para mejorar la producción (o aunque sea mantenerla). La “argentinización” en áreas estratégicas de la economía no provee una solución de fondo. Esto demuestra que en un país dependiente, el único actor que puede actuar como “burguesía” estratégica nacional es el propio Estado.
Desde la perspectiva del proyecto nacional y en la situación energética actual se observa la necesidad de que el Estado profundice su política de seguridad energética, ya que sin soberanía energética no existe posibilidad de desarrollo autónomo con justicia social. Es claro el sentido de la política anunciada por el gobierno. Llama la atención que algunos se opongan con argumentos similares a los que en los 90 llevaron a una privatización del petróleo nacional. Sobre todo teniendo en cuenta la “seguridad jurídica” que brindaron las empresas españolas frente a la debacle de nuestra economía hace una década. A pesar del déficit comercial (que dio negativo en el 2010 y se duplicó en el 2011) en términos energéticos, nada han hecho las empresas privadas para evitar esta situación. La medida tomada por el estado es incuestionable. Por eso desde la Juventud Sindical que conduce Facundo Moyano acompañamos esta iniciativa y expresamos con humildad el anhelo de protagonismo de los trabajadores en la futura gestión de la compañía estatal. Sobre todo teniendo en cuenta la tradición de lucha de los trabajadores petroleros, la responsabilidad y el conocimiento de la actividad. Claro ejemplo es el Sindicato de Petroleros Privados, organización que incluso ha logrado la participación de los trabajadores en las ganancias de empresas privadas.
Por último reproducimos el comunicado de la CGT, que refleja el sentir compartido de la mayoría de los trabajadores argentinos, que tanto hemos luchado por este día y que tantas derrotas hemos sufrido. Hoy tenemos la certeza de que es un día peronista y que los hijos de nuestros hijos recordarán con alegría.

ARGENTINA YPF VUELVE A SER ARGENTINA

COMUNICADO DE PRENSA DE LA CGT
FUENTE: JUVENTUD SINDICAL
http://juventudsindical.com/2012/04/16/primero-la-patria/#more-3249
Como siempre lo quisieron los trabajadores
YPF VUELVE A SER ARGENTINA
Los trabajadores argentinos hacemos nuestra, la decisión del Gobierno Nacional de retomar el control sobre la Empresa Nacional de Petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nuestra querida YPF.
Con la coherencia de habernos opuesto, quienes ejercemos la conducción actual de esta CGT a todas las privatizaciones que significaron el vaciamiento de nuestra Patria por la conducta traicionera de los máximos dirigentes del país a la que no estuvieron ajenos, dolorosamente, algunos dirigentes sindicales, hoy festejamos sin complejos ni “mea-culpas” este paso como lo hicimos con la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el Correo, Obras Sanitarias y sobre todo los fondos jubilatorios de las AFJP que volvieron al ANSES.
Siempre pensamos, sin dudarlo que un Proyecto Nacional y Popular no podía carecer de una Empresa Nacional de Petróleo, porque significaba entregar a intereses foráneos o nacionales especulativos, la independencia económica y la soberanía política de nuestro Pueblo y nuestra Patria. Hoy, más allá del dolor del vaciamiento sufrido en 20 años de usurpación, saludamos el comienzo de una nueva etapa que hará felices a H. Yrigoyen, Mosconi y Perón, cuya presencia rectora como nunca sentimos entre nosotros.
Esperamos sí, que al calor de la alegría popular que esta decisión conlleva, no hayan pícaros que como en la privatización quieran sacar provecho personal de este acto de soberanía manifiesto.
Nadie podrá desandar el camino perdido ni recuperar las pérdidas sufridas por el Pueblo y la Patria en 20 años, pero, sin perjuicio de analizar en detalle el contenido del proyecto de ley, de ahora en más ponemos todo nuestro esfuerzo en que YPF vuelva a ser el estandarte del desarrollo nacional y regional y la insignia de la bonanza económica y la Justicia Social.
Buenos Aires, 16 de abril de 2012.
JULIO PIUMATO
SECRETARIO DE DDHH
HUGO MOYANO
SECRETARIO GENERAL

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