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ARGENTINA Informe de ayuda a los daminificados por las inundaciones: Palabras de la Presidenta de la Nación

Informe de ayuda a los daminificados por las inundaciones: Palabras de la Presidenta de la Nación
PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN CRISTINA FERNÁNDEZ, POR CADENA NACIONAL, CON MOTIVO DEL INFORME DE AYUDA A LOS DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES, EN LA PLATA Y ALREDEDORES, DESDE LA CASA ROSADA.
Muy buenas noches a todos y a todas: hace aproximadamente un poco más de un mes, para ser exactos, el día 5 de abril del corriente año, por este mismo medio informaba a todos los argentinos y a todas las argentinas la ayuda que íbamos a brindar a quienes habían resultado damnificados por las inundaciones, de los días 2 y 3 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires, y fundamentalmente en la Ciudad de La Plata y zonas aledañas, como Berisso y Ensenada, y otras zonas del Gran Buenos Aires. Esto era, por supuesto, parte de la ayuda ya inmediata, asistencial que se dio con un gran despliegue en el territorio y de la cual voy a hablar un poco más adelante.
Este informe tiene por objeto, precisamente, hacer conocer a la población la ayuda – que desde la ANSES- a través de los distintos instrumentos que dispusimos se llevaron, hasta este momento, a cabo.
En este período se presentaron exactamente 82.174 personas solicitando información, se acercaron a la ANSES personalmente o telefónicamente. De estas 82.174 personas se recibieron 70.436 solicitudes de subsidios. Como ustedes recordaran eran subsidios referidos a la jubilación mínima, a la asignación familiar para los trabajadores registrados, al seguro de desempleo, a la Asignación Universal por Hijo, a la Asignación Universal para Embarazadas; a ARGENTA (la tarjeta de crédito para jubilados) y también al Plan Pro.Cre.Ar, que por esta vez no se sometía a sorteo, sino que iba a haber un cupo disponible exactamente para los damnificados.
Como les decía fueron, en total, 70.436 solicitudes de subsidios que se llevaron a cabo, que ingresaron al sistema de la ANSES. De ellos ya han comenzado a ser liquidados – en primera o segunda cuota – el 56 por ciento. Esto es 39.114 solicitudes ya han sido liquidadas, esto es han recibido una primera cuota o están a punta de recibir una segunda. También hay un 6 por ciento, unas 4.377 en proceso de verificación.
Como ustedes recordarán habíamos dicho que no bastaba solamente con la solicitud, sino que después iba a haber una suerte de verificación, por parte de agentes de la Anses para que precisamente – mi gran obsesión – que era que la ayuda llegara a los que realmente la necesitaban se cumpliera.
De las solicitudes hubo un 26 por ciento que fueron rechazados por tratarse de gente que no reunía las condiciones, por ganar más de lo establecido, o por contar con otros beneficios o por estar en otros regímenes. También hubo – afortunadamente – muy poca gente que, cuando se fue a verificar, no habían resultados damnificados. Solamente 2.134 personas, apenas el 3 por ciento de la cantidad de gente que se presentó no había sido damnificada, lo cual consigna la regla: que los argentinos realmente somos solidarios y además lo que les había pedido tan especialmente a todos que nadie, si sentía que no le correspondía lo pidiera, porque era quitárselo a alguien que lo necesitaba. Quiero agradecer esta manifestación. También por no contar en la base de datos de la ANSES, esto es como no figurar como desocupado, ni como registrado, unas 6.294 solicitudes fueron rechazadas.
En total, en materia de Asignación Universal por Hijo; salario familiar, prestación por desempleo; jubilaciones y pensiones resultaron adjudicatarios o beneficiados 38.569 personas. Quiero decirles algo, estás son las ayudas o las asistencias que uno nunca hubiera querido tener que anunciar y mucho menos dar, porque esto no es producto de una determinada situación social, sino de una verdadera tragedia y también – por qué no – en muchos casos de una verdadera desidia o falta de políticas activas para prever situaciones de esta naturaleza en las jurisdicciones respectivas.
En préstamos ARGENTA, 1.680 personas ya están en proceso para recibir la ayuda y créditos Pro.Cre.Ar, 2.083; prestaciones de la ANSES – en términos de jubilaciones, Asignaciones Universales por Hijo; Asignaciones por Embarazo; seguros de desempleo fueron, en total, hasta el momento liquidados 121.817.738 pesos; en préstamos ARGENTA, 18.815.742 y en créditos Pro.Cre.Ar, 82.629.692.
El total de la ayuda monetario, estábamos refiriéndonos a ingresos monetarios, dinero en el bolsillo, que era lo que le habíamos hablado, en aquella oportunidad, asciende – a la fecha – a 223.263.172.
Claro está que todavía falta, en muchos casos, completar las cuotas, o completar los préstamos, porque – en el caso de Pro.Cre.Ar – sabíamos que iba a haber primeras entregas y se iba a ser certificando a medida que se va haciendo la obra.
Todo esto, por supuesto, independientemente de la ayuda espontánea que tuvo toda la gente dando donaciones, más la que dio el Estado, lo que agregó el Estado, que hubo en ese sentido – si ustedes me permiten, siempre se mezclan los papeles – el ministerio de Asuntos Sociales, el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, también, aplicó ya 17.316.177 pesos, que fueron colchones y frazadas (42.471); 126 toneladas de alimento; 47.666 de insumos para la emergencia, desde ropa, lavandinas, artículos de limpieza; más de 10.500 subsidios entregados y también 1.000 operadores sociales, 1.000 trabajadores sociales dependientes de Desarrollo Social trabajando en la emergencia.
A estos, por supuesto, se sumaron las donaciones solidarias de toda la comunidad. Ustedes me habrán visto hace pocos días en el Regimiento 7 Mecanizado de Arana, donde hemos montado en dos depósitos muy importantes precisamente las donaciones de ropa de la gente, con grandes lavadoras y secadoras y planchadoras por parte de soldados y soldadas de nuestro Ejército Argentino, con colaboradores y siguen colaborando en este inmenso operativo de solidaridad.
También, quiero agradecer a todas las organizaciones no gubernamentales, religiosas, sociales, culturales y políticas que se desplegaron en todo el territorio para ayudar.
Especialmente quiero también hacer un saludo y un agradecimiento muy especial a todo lo que se desplegó desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, donde todavía siguen trabajando. Inclusive este próximo fin de semana también va a haber nuevos operativos.
Se relevaron aproximadamente en La Plata, Berisso y Ensenada, 1.903 manzanas, con familias asistidas, 62.386; cantidad de personas que recibieron aproximadamente donaciones, 184.040 personas.
Militantes y voluntarios políticos que se desplegaron en todo el territorio en forma inmediata y que permitieron la contención social de miles y miles de personas que de otra manera hubieran quedado…bueno, a la mano de Dios.
Para que ustedes tengan una idea, un promedio por día, entre el 3 de abril y el 4 de mayo, hubo aproximadamente 1.800 militantes y voluntarios; el promedio por fin de semana ha sido más de 6.000 personas afectadas a estos operativos y la jornada de mayor participación tuvo lugar el sábado 13 de abril en un gran operativo donde se desplegaron más de 15.000 voluntarios y militantes en todas las zonas afectadas.
Quiero volver a agradecer la inmensa solidaridad del pueblo argentino, a reiterarles también que estas son las asistencias que uno nunca tendría que tener que anunciar o querer anunciar, porque desgracias y tragedias pueden ocurrir, y también referirme especialmente a algo que, bueno, que en mi criterio resultó poco edificante.
Aquel 5 de abril, cuando les hablé a todos ustedes, el informe oficial de las autoridades era de 52 personas fallecidas o 51, no recuerdo exactamente, creo que eran 52. A partir de allí, se generó una polémica entre autoridades políticas de la Provincia y autoridades judiciales acercad el número de muertos, mucha gente decía que había más.
Bueno, hoy, oficialmente se han ya admitido más, desgraciadamente, fallecidos, 60 personas. Y yo espero que, bueno, que se tomen todas las medidas y se arbitren todas las medidas, que sería muy sencillo hacerlo, porque habría que hacer un relevamiento entre las personas que fallecieron en la ciudad de La Plata o en Berisso o en Ensenada entre el día 2 y 5, 6, 7 de abril para poder determinar con precisión.
Sinceramente creo que especulaciones de esta naturaleza, pensar que una desgracia más, una desgracia menos o que los muertos o que los fallecidos pueden ser objeto de cuestionamiento político o de imagen política, realmente me parece poco edificante.
Así que, yo les pido, fundamentalmente a todos los que tengan responsabilidad institucional, judicial, que por favor actúen con la responsabilidad y, fundamentalmente, con el respeto que merecen las víctimas y todos sus familiares.
Por eso, creo que el pueblo argentino y, especialmente, la ciudad de La Plata y creo que las zonas aledañas, necesitan saber con precisión quiénes son las víctimas.
Charlando el otro día con el Director de la ANSES, me comentaba que había un empleado de la ANSES, creo que, por ejemplo, su abuelo o una persona de la ANSES, no figuraba todavía en las listas y, bueno, había muerto creo que ahogado.
Así que, yo estimo que este episodio tan lamentable que nos tocó vivir de la inundación, se vio agravado también por esto que yo denomino muchas veces las patéticas miserabilidades que no deben existir y mucho menos tratándose de autoridades con gran nivel de responsabilidad.
Lo mismo también con respecto a las obras, a la limpieza de cloacas, a la limpieza de desagües pluviales, al contralor para que situaciones como esta no se vuelvan a producir.
También y porque una de mis obsesiones y para finalizar, era el tema del control ciudadano, quiero decirles que cuando aparezcan estas imágenes en el zócalo va a aparecer una identificación que dice Control Ciudadano damnificados.anses.gob.ar, que es ayuda para inundados.
Allí, en este informe de gestión por las inundaciones, ustedes podrán ver distintos tipos de información para poder ingresar: información por el tipo de ayuda y titulares, cuando digo titulares se omite, por supuesto, el nombre y apellido de quien ha recibido la ayuda por una cuestión legal. Hay una Ley de Protección de los Datos Personales, que impide poner nombre y apellido, pero están todos los datos como número de C.U.I.L. o número de documento de identidad, etcétera. Y también, otra donde van a estar las zonas afectadas por localidad.
En la Ayuda para Inundados, habrá información sobre la ayuda que se le brindará a los titulares de las mismas y videos, inclusive, testimoniales, denuncias y reclamos vía telefónica y ANSES responde. Desde la web de ANSES podrán ejercer el derecho de control ciudadano y ver adónde se destinarán todos los recursos públicos y los mapas también de las zonas afectadas, recursos destinados y fotos de los verificadores. Más de 1.500 verificadores de la ANSES se desplegaron en todo el territorio para ir en cada una de las casas a verificar que exactamente se hubiera producido un daño o hubiera sido damnificado.
También puede haber habido errores o puede haber gente que no lo haya hecho bien. Por eso también está este control ciudadano para que puedan acceder, puedan controlar y todos ayudemos a que las cosas se hagan cada vez mejor en la República Argentina.
También podrán encontrar al control por titular de derechos, podrán encontrar el control por barrio también, en la pantalla podrán ver cada una de las zonas afectadas por las inundaciones, las zonas están delimitadas y muestran la cantidad de personas beneficiadas y el tipo de beneficio de cada barrio y, asimismo, se muestran 20 casas, a modo ilustrativo, el frente, sin por supuesto decir la calle ni nada por una cuestión georeferencial de seguridad también y todos los datos que ustedes podrán encontrar allí para lo que hemos denominado Control Ciudadano y que esperamos que lo efectivicen.
Quiero, a pesar de ser tal vez un poco reiterativa, volver a agradecer a todos los argentinos y a todas las argentinas, a todas las organizaciones sociales, religiosas, políticas, culturales que colaboraron con esta inmensa desgracia que tuvimos los argentinos, agradecerles una vez más a todos y reiterar esta frase que sin querer y sin imaginar lo que iba a pasar, dije el 2 de abril, el día que estábamos en Puerto Madryn recordando en un homenaje a los veteranos y caídos en nuestras Malvinas, cuando dije que la patria es el otro, el prójimo, fundamentalmente.
Y quiero reiterar una vez más eso: la patria es el otro y si hacemos un buen control ciudadano, todo esto va a seguir siendo cada vez más el otro y el prójimo.
Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. (APLAUSOS)

ARGENTINA La Presidenta informó que más de 39 mil damnificados por las inundaciones ya recibieron subsidios

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Jueves, 09 de Mayo de 2013
La Presidenta informó que más de 39 mil damnificados por las inundaciones ya recibieron subsidios

La presidenta Cristina Fernández realizó a través de la cadena nacional un balance acerca de la asistencia que desde el Estado nacional se le brindó a los damnificados por las inundaciones que castigaron el Gran La Plata y el Gran Buenos Aires en el mes de abril. Anunció que ANSES otorgó 223.262.172 de pesos en subsidios. Agradeció la solidaridad del pueblo argentino y reclamó a las autoridades políticas y judiciales de la provincia de Buenos Aires que determinen con “precisión” la cantidad de víctimas fatales.
La Presidenta informó esta noche, en un discurso por la Cadena Nacional, que hasta el momento el ANSES otorgó 223.262172 pesos a los damnificados por las últimas inundaciones en diversos conceptos, como subsidios, préstamos, créditos de Procrear, asignaciones universales por hijo, por embarazo y por seguros de desempleo, entre otros.
La Jefa de Estado subrayó durante su exposición que los subsidios para los damnificados “son ayudas que una no hubiera querido tener que anunciar”, y sostuvo que “son producto de una verdadera tragedia o, en algunos casos, producto de la desidia y falta de política en las jurisdicciones respectivas”.
Confirmó además que a más de un mes de inundaciones en Buenos Aires y en La Plata, son 82.174 personas las que ya fueron atendidas por la ANSES, de las cuales 70.436 solicitaron subsidios, ya sea por beneficios jubilatorios, de Asignación Universal o Plan Procrear, sin los sorteos habituales, entre otros. Informó también “el 56 por ciento” de los solicitantes de ayuda, es decir “más de 39.000 personas, ya accedieron a la primera o segunda cuota” de sus beneficios, mientras que el resto está en proceso de verificación.
La Primera Mandataria dijo que hasta el presente, la cifra oficial de muertos en las inundaciones en La Plata asciende a “sesenta” y volvió a pedir que “no se especule” con ese tipo de datos, al tiempo que destacó el control ciudadano de las acciones de auxilio que proporcionó el Estado y que se verificó a través de la página web del ANSES.
Cristina Fernández agradeció nuevamente “a los militantes y los voluntarios” que desde que ocurrió el fenómeno meteorológico se movilizaron en todas las áreas afectadas, así como “la inmensa solidaridad manifestada por el pueblo argentino”.
La Presidenta subrayó que en esas jornadas que se coordinaron desde la facultad platense de Periodismo –que destacó especialmente- se hicieron tareas de refacción de barrios periféricos- se hizo un relevamiento de 1.903 manzanas, con 62.386 donaciones que llegaron a 184.040 personas.

También mencionó la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social que envió ya 17.317.167 de pesos en colchones, frazadas, alimentos, ropa, lavandina y más de 10.500 subsidios”, y destacó el “Informe de control ciudadano de gestión” que existe sobre la ayuda. Cerró su alocución sobre la situación y la importancia de la solidaridad observada en esa tragedia al reiterar que “cuando digo que la Patria es el prójimo, es que es el otro”.

VENEZUELA Maduro ofrece nuevo reporte sobre salud de presidente Chávez

Maduro ofrece nuevo reporte sobre salud de presidente Chávez
FUENTE: TELESUR – VENEZUELA

http://multimedia.telesurtv.net/media/telesur.video.web/telesur-web/#!es/video/maduro-ofrece-nuevo-reporte-sobre-salud-de-presidente-chavez

HONDURAS Revela la Comisión de la Verdad: “Zelaya fue removido del poder ilegalmente”

Revela la Comisión de la Verdad: “Zelaya fue removido del poder ilegalmente”

FUENTE: EL LIBERTADOR – HONDURAS

http://www.ellibertador.hn/?q=article/revela-la-comisi%C3%B3n-de-la-verdad-%E2%80%9Czelaya-fue-removido-del-poder-ilegalmente%E2%80%9D

Artículo | June 9, 2011 – 7:28pm

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa.La Comisión de la Verdad y Reconciliación, (CVR), divulgó este día un
informe que especialistas en leyes de la Universidad de Harvard en Estados
Unidos realizaron sobre lo suscitado antes durante y después del golpe de
Estado del 28 de junio de 2009, y deja al descubierto la conspiración que hizo
la extrema derecha para derrocar a Manuel Zelaya.

En el informe se detalla que el Poder Legislativo
de ese entonces no tenía facultades legales para destituir del cargo de
Presidente a “Mel”; tampoco los militares tenían competencia para arrestar y
deportar a Zelaya hacia Costa Rica.

Los juristas llegaron a la conclusión que la actual
Constitución tiene serias falencias en cuanto a las funciones que los poderes
del Estado deben cumplir.

Es por ello que este grupo de consultores
contratados por la CVR recomiendan que se deben dar profundas reformas
constitucionales tales como la “reconsideración” de los artículos pétreos.

I. Resumen ejecutivo

Uno de los principales problemas en el caso de
Honduras es que el texto constitucional es vago o silencioso en varios puntos
críticos.

Este informe ha sido elaborado para la Comisión de
la Verdad y Reconciliación de Honduras. Tiene dos objetivos: en primer lugar
dar un análisis jurídico y constitucional de los acontecimientos que rodearon
la destitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales del poder en junio de
2009 (Parte IV del informe), y segundo, hacer recomendaciones para las reformas
constitucionales y legales con el fin de evitar sucesos similares en el futuro
(Parte V del informe). El informe también incluye, en la Parte III, un breve
resumen de los hechos pertinentes.

Los hechos relativos a la destitución de junio de
2009 del presidente Zelaya Rosales del poder involucraron tres peligros
distintos a la gobernabilidad democrática. El primero es el riesgo de que los
ejecutivos principales u otros actores políticos poderosos abusen de su poder
para engrandecerse a sí mismos o para socavar a otras instituciones
democráticas. Hay un riesgo significativo en muchos países de que estos actores
puedan ser capaces de erosionar la democracia desde dentro. El segundo es el
riesgo significativo de que los militares puedan intervenir en los
acontecimientos políticos y, en particular en las transferencias irregulares de
poder. Es fundamental que los militares no asuman el papel político que una vez
habitualmente poseyeron en América Latina.

El tercero es la falta de claridad en los textos
constitucionales sobre el papel institucional que debe ser jugado por los
diferentes actores institucionales durante una crisis. Los textos
constitucionales de numerosos países no ofrecen una orientación clara en cuanto
a cómo los diferentes actores deben actuar durante una crisis, ni se explica
cómo manejar los conflictos entre estos actores.

Un observador muy probablemente llegaría a la
conclusión de que tanto el presidente Zelaya Rosales y muchas de las
instituciones que participaron en su remoción del poder actuaron de manera
ilegal e inconstitucional en ciertos puntos. Zelaya Rosales probablemente actuó
inconstitucionalmente al proponer la “consulta” o “encuesta” de la Cuarta Urna,
y cuando él insistió con ese proyecto a pesar de las órdenes judiciales
contrarias.

Al mismo tiempo, Zelaya Rosales, probablemente no
fue removido de su cargo por un proceso legal. El Congreso aprobó un proyecto
de ley que pretendía sacar a Zelaya Rosales de su cargo, pero el Congreso no
parecía tener la facultad constitucional de destituir al presidente. Y los
miembros de las Fuerzas Armadas actuaron inconstitucionalmente cuando sacaron a
Zelaya Rosales del país.

Los tres peligros para la democracia identificados
en este caso –la erosión del ejecutivo de la gobernabilidad democrática, la
intervención militar en la política, y la falta de claridad acerca de las
funciones institucionales de los diferentes actores políticos– son difíciles de
manejar en un texto constitucional y por los actores políticos.

Uno de los principales problemas en el caso de
Honduras es que el texto constitucional es vago o silencioso en varios puntos
críticos. Lo más importante, no hay ninguna hoja de ruta constitucional clara
que exponga los motivos de fondo para la destitución presidencial, el proceso
de destitución, y las funciones de las diversas instituciones durante el
proceso de destitución.

Por lo tanto, ponemos de relieve las
recomendaciones posibles para el texto. También recomendamos reformas
encaminadas a fortalecer el Estado de Derecho en el país, y en particular el
Poder Judicial. Hacer del Poder Judicial un árbitro más eficaz en una crisis
institucional disminuiría la posibilidad de recurrir a proceso
extra-constitucional.

A. Análisis jurídico

La Parte IV del informe ofrece la evaluación
jurídica de los siguientes eventos: (A) las acciones del presidente Zelaya
Rosales con respecto al proceso de la “Cuarta Urna”; (B) el proceso penal que
se inició en contra de Zelaya Rosales, (C), el proyecto de ley del Congreso que
pretendía sacar a Zelaya Rosales de la Presidencia y nombrar a un nuevo
presidente, y (D) el papel de las Fuerzas Armadas tanto al negarse a obedecer
las órdenes de Zelaya Rosales con respecto a la Cuarta Urna, y en la remoción
de Zelaya Rosales del país.

El proceso de la Cuarta Urna apuntaba a la
celebración de una “consulta popular” o “encuesta de opinión” no vinculante con
el fin de evaluar si el público favorecía la convocatoria de una Asamblea
Constituyente para redactar una nueva Constitución nacional en Honduras. Zelaya
Rosales emitió dos decretos ejecutivos anunciando este proceso y dejando su
administración en manos del Instituto Nacional de Estadística. También emitió
un acuerdo ejecutivo, que ordenaba a las Fuerzas Armadas prestar apoyo a la
encuesta.

Nuestra conclusión es que Zelaya Rosales carecía de
autoridad legal para llamar al país a una “consulta popular” o “encuesta de
opinión” a través de decreto ejecutivo. Además, ilegalmente, puso la gestión de
la encuesta en manos del Instituto Nacional de Estadística, que no estaba
autorizado para ejercer esta función.

El Instituto Nacional de Estadística, a diferencia
de otras instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, no estaba equipado
adecuadamente para garantizar que un proceso de votación en todo el país se
desarrollara en forma justa. También violó las normas legales y
constitucionales relacionadas con los militares al ordenar a las Fuerzas
Armadas apoyar la encuesta. Más críticamente, Zelaya Rosales violó la norma
constitucional que dicta que las Fuerzas Armadas deben ser “apolíticas” al
tratar de involucrarlas en una lucha institucional entre los poderes del
Estado.

Acotamos que no queda claro si Zelaya Rosales violó
el artículo 239 de la Constitución. El artículo 239 prohíbe la reelección presidencial,
y junto con el artículo 374 hace la prohibición inamovible bajo ninguna
circunstancia. El artículo 239 también establece que cualquier persona que
“rompa” dicha prohibición o “proponga su reforma”, junto con “aquellos que lo
apoyan al hacerlo, directa o indirectamente”, deberán “poner fin de inmediato”
al ejercicio de sus cargos y no serán elegibles para servir en un cargo público
durante diez años. Estos hechos plantean difíciles interrogantes sobre el
alcance del artículo 239 y sobre si las disposiciones constitucionales pueden
ser verdaderamente inamovibles. Creemos que estas preguntas tienen respuesta en
el marco de la Constitución de Honduras.

Por último, tomamos nota de que Zelaya Rosales
actuó ilegalmente al desobedecer las órdenes del Tribunal Contencioso
Administrativo que indicaban que debía desistir de la realización de la
encuesta propuesta. Independientemente de si esas órdenes judiciales eran
correctas en todos los aspectos, nunca fueron revertidas por un tribunal de
rango superior. Por lo tanto, deberían haber sido obedecidas.

También llegamos a la conclusión de que aspectos
importantes relacionados con la destitución de Zelaya Rosales de su cargo, el
28 de junio de 2009, eran ilegales e inconstitucionales. Hay acusaciones
criminales en contra de Zelaya Rosales, que tienen fecha de presentación ante
la Corte Suprema el 25 de junio y 26 de junio. Sin embargo, no podemos
determinar si las acusaciones fueron presentadas en realidad en esas fechas.
Fueron mantenidas en secreto hasta el 30 de junio de 2009, dos días después de
la destitución de Zelaya Rosales. Ninguna disposición legal existente parece
permitir que un proceso judicial se mantenga en secreto una vez que la
acusación ha sido presentada.

El proceso penal contra Zelaya Rosales pudo haber
sido legal en otros aspectos clave. La Constitución permite a la Corte Suprema
intentar juzgar a altos funcionarios, y el Código de Procedimiento Penal regula
este proceso. De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y el Código
Penal, los funcionarios de alto rango pueden ser suspendidos durante el proceso
penal por determinados delitos y pueden ser objeto de destitución en caso de
condena.

Este procedimiento se siguió en el caso en contra
de Zelaya Rosales, hasta el momento en que las órdenes de aprehensión fueron
ejecutadas. La orden de detención ordenaba a los militares de capturar a Zelaya
Rosales y llevarlo ante el juez competente para una audiencia inicial. La
Constitución permite que las órdenes de detención puedan ser ejecutadas por
militares en lugar de personal de la Policía en caso necesario.

La participación militar en el cumplimiento de las
órdenes era sin duda necesaria en este caso. Si bien el proceso penal hubiera
sido una forma legal de sacar a Zelaya Rosales de su cargo, ese proceso no se
completó correctamente. El proceso fue interrumpido el 28 de junio de 2009,
cuando los militares encargados de detener a Zelaya Rosales lo sacaron del país
en lugar de hacerle comparecer ante el juez competente.

Llegamos a la conclusión de que lo más probable es
que el Congreso no destituyó correctamente a Zelaya Rosales de su cargo. El
Congreso emitió un proyecto de ley el 28 de junio de 2009 que pretendía
censurar a Zelaya Rosales, destituirlo de su cargo, y nombrar al presidente del
Congreso como presidente interino de la República. El proyecto de ley siguió
correctamente la línea de sucesión. Sin embargo, no destituyó correctamente a
Zelaya Rosales de su cargo. El Congreso tiene el poder para censurar a los
funcionarios de Estado. Sin embargo, no se le da el poder explícito para
remover a los funcionarios ejecutivos, ya sea en la Constitución o en las
leyes. Así que el Congreso parece carecer de la facultad de remover al
presidente de su cargo.

Un análisis del artículo 239, de manera poco probable
modificará esta conclusión. Como se mencionó anteriormente, no está claro si
Zelaya Rosales violó efectivamente este artículo constitucional. Incluso si lo
hubiese hecho, no está claro qué tipo de proceso de sanción se aplicaría. Este
artículo establece que cualquier persona que “rompe” la disposición de no
reelección o “proponga su reforma” debe “cesar de inmediato en el ejercicio de
su cargo…”. Creemos que es poco probable que esta disposición sea de aplicación
directa y que automáticamente resulte en la destitución del presidente. Alguna
institución competente debe determinar primero que el artículo ha sido violado.
Tampoco creemos que sea probable que le dé al Congreso el poder de la
destitución que de otra manera no posee.

Por último, llegamos a la conclusión de que los
dirigentes de las Fuerzas Armadas actuaron correctamente cuando se negaron a
obedecer las órdenes de Zelaya Rosales para apoyar el proceso de Cuarta Urna.
Estas órdenes eran ilegales, y en virtud de la Constitución, las Fuerzas Armadas
no pueden obedecer órdenes ilegales.

Sin embargo, los miembros de las Fuerzas Armadas
actuaron inconstitucionalmente cuando sacaron a Zelaya Rosales del país. El
artículo 102 de la Constitución de Honduras impide la expatriación de los
ciudadanos. Por otra parte, mientras que el artículo 272 da a las Fuerzas
Armadas el deber de defender las instituciones del Estado, esta tarea debe
llevarse a cabo de acuerdo con la Constitución y las leyes. Las Fuerzas Armadas
no tienen ningún poder extra-constitucional de arbitrar entre las instituciones
del Estado durante una crisis. No sabemos si alguna otra institución o actor
político consultó con las Fuerzas Armadas o les ordenó remover a Zelaya Rosales
del país. Cualquier participación en esta decisión de otras instituciones de
Estado o actores políticos también sería inconstitucional.

B. Recomendaciones de reforma

Los tres peligros para la democracia identificados
en este caso – la erosión del ejecutivo de la gobernabilidad democrática, la
intervención militar en la política, y la falta de claridad acerca de las
funciones institucionales de los diferentes actores políticos.

La Parte V del informe contiene nuestras
recomendaciones para la reforma constitucional y legal, basada en nuestro
conocimiento del derecho constitucional y política, así como en un estudio de
los textos constitucionales pertinentes, tanto dentro de la región como en el
mundo. Nos enfocamos en tres temas diferentes: (A) reformas encaminadas a
aclarar el proceso de remoción de altos funcionarios y, especialmente,
ejecutivos de alto rango; (B) reformas encaminadas a fortalecer el Estado de
Derecho en Honduras, y (C) reformas para clarificar los procesos relevantes de
reforma constitucional y para que estos procesos sean más estables.

Un problema importante en Honduras es que los
motivos de fondo para la destitución de un alto funcionario político, el
proceso de destitución, y el papel de las distintas instituciones durante ese
proceso no están claramente establecidos en el texto constitucional.

La creación de una hoja de ruta clara en el texto
constitucional ayudaría a evitar acciones extra-constitucionales, como las
ocurridas el 28 de junio. Por consiguiente, recomendamos que se enmiende la
Constitución para articular claramente los motivos para la destitución
presidencial, así como las instituciones que se encargarán de la destitución
presidencial y el proceso que se seguirá.

También se recomienda que las funciones de algunas
instituciones, especialmente el Congreso y las Fuerzas Armadas, durante el
proceso de destitución queden claramente especificadas. Es particularmente
importante que las Fuerzas Armadas no obtengan facultades extralegales para
arbitrar una crisis política.

También recomendamos reformas encaminadas a
fortalecer el Estado de Derecho en Honduras. Hacemos hincapié en tres puntos.
El primero es la transparencia en los procesos judiciales, en particular en los
casos que involucren a altos funcionarios.

Estos procesos no deben nunca llevarse a cabo en
secreto. La segunda es que el Poder Judicial, y en particular la Corte Suprema,
debe asumir las competencias adecuadas y la independencia para actuar como
árbitro entre las instituciones políticas en el caso de una crisis. Esto
reduciría la probabilidad de recurrir a medios extra-legales durante una
crisis. Por último, nuestro objetivo es reducir la probabilidad de violaciones
de los derechos humanos durante una emergencia. Con este fin, se recomiendan
cambios tanto al Poder Judicial como al régimen que regula los estados de
excepción en Honduras.

Por último, se recomiendan una serie de reformas
destinadas a los procesos de cambio constitucional en el país. Se recomiendan
reformas para aclarar los mecanismos de democracia directa – es importante que
la Constitución establezca claramente si ciertos dispositivos se pueden
utilizar, en qué condiciones, y para qué fines. También es importante que los
mecanismos de democracia directa se diseñen de forma que se reduzca al mínimo
la probabilidad de abuso por parte de un jefe del ejecutivo con el objetivo de
engrandecer su poder o debilitar a otras instituciones democráticas.

También se recomienda la reconsideración de las
disposiciones constitucionales pétreas como la prohibición de la reelección
presidencial en Honduras. Al no proporcionar ningún mecanismo legal para el
cambio constitucional, estos artículos pueden invitar a la inestabilidad y
crisis. Se sugiere mecanismos alternativos, tales como umbrales mayores para la
modificación de determinados artículos, que pueden ser más apropiados. Sin embargo,
no expresamos una opinión sobre la conveniencia de la prohibición de la
reelección presidencial en sí. Los países han adoptado una variedad de enfoques
sobre este asunto, y muchos de ellos pueden ser razonables en el contexto
hondureño.

 

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