Despertar Nacional

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ARGENTINA Bombas sobre Plaza de Mayo

16 de junio de 1955
Bombas sobre Plaza de Mayo (*)

Roberto Bardini

FUENTE: LUCHE Y VUELVE
http://www.lucheyvuelve.com.ar/General/bomabasalaplaza.htm

En la mañana del 16 de junio de 1955, efectivos de la
marina de guerra y “comandos civiles” intentan sin
éxito copar la Casa Rosada y tomar prisionero al
presidente Juan Perón. El mandatario busca refugio
en el edificio del ministerio de Guerra y se dispone a
sofocar la rebelión. A mediodía, aviones la Armada
bombardean y ametrallan la sede del gobierno y la
Plaza de Mayo. Una de las primeras bombas estalla
en el techo de la Casa Rosada. Otra, le pega a un
trolebús lleno de pasajeros y mueren todos. Los
aviadores subversivos lanzan nueve toneladas y
media de explosivos.

Hay 350 muertos y 2 mil heridos. Setenta y nueve personas
quedan lisiadas en forma permanente. Los agresores huyen
hacia Uruguay, donde solicitan asilo político.

Al día siguiente, el diario Clarín -que no se caracteriza por
sus simpatías peronistas- escribe: “Las palabras no alcanzan
a traducir en su exacta medida el dolor y la indignación que
ha provocado en el ánimo del pueblo la criminal agresión
perpetrada por los aviadores sediciosos”.

Fue la segunda vez en toda la historia argentina que la ciudad
de Buenos Aires era bombardeada. La primera ocurrió durante
las invasiones inglesas de 1806 y 1807. En esta ocasión, a
mediados del siglo veinte, no existía un estado de guerra,
quienes atacaron por sorpresa vestían uniformes militares
argentinos y las víctimas fueron civiles desarmados, también
argentinos.

El ataque a traición de los aviadores navales produce un terrible
impacto en la población. Durante meses no se habla de otra cosa
en los hogares de todo el país. En Dossier secreto – El mito de la
guerra sucia, el periodista norteamericano Martin Andersen cita
el informe de un analista de la embajada de Estados Unidos en
Buenos Aires, quien describe este estupor generalizado:

“El bombardeo del 16 de junio de 1955 explotó con una fuerza
cataclísmica, por tanto, sobre una población civil condicionada
por un siglo de paz y que tenía la confirmada creencia de que
semejantes cosas no ocurrían en la Argentina. Se detecta en la
gente no sólo el sentimiento de escándalo, sino de vergüenza
de que semejante matanza de civiles inocentes pudiera haber
ocurrido en el corazón de Buenos Aires”.

Perón no quiere enfrentamiento entre las fuerzas armadas y,
mucho menos, entre militares y trabajadores. Aquel 16 de junio
de 1955, después del primer bombardeo a la Casa de Gobierno,
el general le ordena a un mayor del ejército que fuera a hablar
con el secretario general de la CGT:

– Ni un solo obrero debe ir a la Plaza de Mayo -le dice al oficial.
Y refiriéndose a los aviadores navales, agrega: -Estos asesinos
no vacilarán en tirar contra ellos. Ésta es una cosa de soldados.
Yo no quiero sobrevivir sobre una montaña de cadáveres de
trabajadores.

El relato de este hecho tiene una dimensión mayor porque su
autor es Pedro Santos Martínez, un historiador insospechado
de simpatías peronistas (citado en 1946-1955 – La nueva
Argentina, La Bastilla, Buenos Aires, 1988).

Los obreros salieron a la calle igual, al grito de “¡Perón, Perón!”
Muchos fueron masacrados desde el aire o al quedar atrapados
entre dos fuegos.

Martínez describe otro episodio que da una idea de las
convicciones morales de los golpistas. Por la tarde, los
subversivos atrincherados en la Secretaría de Marina despliegan
una bandera blanca que, de acuerdo a las reglas militares, sólo
podía significar dos cosas: diálogo o rendición. El general
peronista Juan José Valle y otros oficiales leales se dirigen al
lugar para parlamentar, con instrucciones de ser tolerantes con
los rebeldes. Cuando la comisión se acerca al edificio, la bandera
blanca es arriada y una ametralladora los recibe con ráfagas de
plomo.

Perón narra en su libro Del poder al exilio, citado por Martínez,
que cuando una multitud enardecida se concentró con garrotes
frente a la Secretaría de Marina, el almirante golpista que estaba
al mando envió un “dramático” mensaje al jefe del ejército:
“Intervenga. Mande hombres. Nos rendimos, pero evite que la
muchedumbre armada y enfurecida penetre en el edificio”.

Ese mismo día, después de recuperar el edificio, el general Valle
le dijo a Perón:

– Mi general, este ejército no le va a servir para la revolución
popular. Arme a la CGT.

En la noche, como reacción popular a los bombardeos, son
saqueadas e incendiadas la Catedral Metropolitana y diez
iglesias. Poco después, trasciende que Perón ha sido
excomulgado por el Papa Pío XII, quien siempre se negó a
tomar idéntica medida con Mussolini y Hitler.

Durante años, los antiperonistas repetirán que los incendiarios
de los templos contaban con la complicidad de policías y
bomberos. Y los historiadores oficiales pondrán más énfasis en
la quema de las iglesias que en la masacre de civiles perpetrada
horas antes por la aviación naval. Años después, muchos
jóvenes repetirán lo que escucharon de chicos en sus casas.

Luego del bombardeo a la Plaza de Mayo, Perón no sólo no toma
revancha contrariando el sentimiento de sus propios seguidores,
sino que busca la pacificación interna. En julio, levanta el estado
de sitio, deja en libertad a varios detenidos políticos y elimina
algunas restricciones políticas. El 31 permite utilizar la radio, el
principal medio de comunicación de la época, a dirigentes
opositores.

Perón ofrece renunciar a la jefatura del movimiento peronista
y mantener sólo el cargo de presidente de la nación. En
búsqueda de la reconciliación, el general cambia a integrantes
de su gabinete, sustituye al jefe de policía y se desprende de
Raúl Apold, su jefe de propaganda. Al mismo tiempo, designa
A John William Cooke como interventor del partido en la Capital
Federal.

Sin embargo, la situación ha llegado a un punto sin retorno.
Conservadores, radicales, nacionalistas liberales, comunistas
y socialistas exigen la renuncia del presidente. El Ejército, la
Marina y la Aeronáutica conspiran abiertamente y los “comandos
civiles” se organizan. Tres meses después, Perón será derrocado
por la llamada “revolución libertadora”, un antecedente de la
ciénaga sangrienta instaurada en 1976.

(*) Publicado el 15 de junio de 2003 en Rodelu.net

El Movimiento Bambú está contra lo «políticamente correcto»,
el «pensamiento único» y la «globalización» impuesta desde
arriba. Está a favor de la ética, las relaciones fraternales entre
personas y la universalidad construida desde abajo.

HONDURAS PRONUNCIAMIENTO DE LA FRP ANTE LA NUEVA OLA DE REPRESIÓN

PRONUNCIAMIENTO DE LA FRP ANTE LA NUEVA OLA DE REPRESIÓN
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 11:29 FRP
FUENTE: RESISTENCIA HONDURAS NET – HONDURAS
http://www.resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5052:pronunciamiento-de-la-frp-ante-la-nueva-ola-de-represion&catid=51:comunicados&Itemid=259

La Fuerza de Refundación Popular FRP ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional, en
su condición de heredera de la Resistencia Popular y sus expresiones en la lucha social, condena
vehementemente el brutal asesinato contra los abogados ANTONIO TREJO CABRERA y MANUEL
EDUARDO DÍAZ MAZARIEGOS, ambos compañeros de lucha y ahora mártires del proceso de
transformación social.
ANTONIO TREJO CABRERA se desempeñaba como apoderado legal del Movimiento Auténtico
Reivindicador Campesino del Agúan MARCA, surgido ante la frágil situación de tenencia de tierras
en el Aguán, derivada de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola decretada
en 1992 en el marco del gobierno neoliberal de Rafael Leonardo Callejas, y recientemente había
presentado uno de los 24 recursos de amparo contra la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo,
proyecto que aún sigue vigente en el Congreso Nacional, y que busca vender parcelas de territorio
nacional para su transformación bajo la lógica anarco-capitalista. MANUEL EDUARDO DÍAZ
MAZARIEGOS se desempeñaba como fiscal asignado en la ciudad de Choluteca y había participado
activamente en la histórica huelga de hambre de los fiscales en 2008 que buscaba denunciar la
corrupción y la manipulación a lo interno del Ministerio Público.

Los asesinatos de estos compañeros replantean la vigencia de la lucha social y sus exigencias y son
una muestra de la persecución política y la alta vulnerabilidad a la que ha estado expuesta la
resistencia posterior al golpe de estado. Asimismo, demuestra la ausencia de capacidad y voluntad
de parte del estado por asegurar la integridad física y moral de los individuos, expresada en los
altos índices de homicidios y asaltos que azotan diariamente a la población hondureña. El
gobierno Lobo-Hernández busca restablecer la política de exterminio social mediante una remilitarización
de la Policía Nacional mediante el proyecto de ley TIGRES, reinstaurando la lógica
militar dentro de una institución de servicio civil, un proyecto que en palabras de nuestra
candidata a la alcaldía del Distrito Central, ex-comisionada MARÍA LUISA BORJAS “Busca establecer
un nuevo 3-16”.

La Fuerza de Refundación Popular FRP no descansará hasta ver un estado respetuoso por la vida y
la integridad moral de sus habitantes. Como corriente dentro del Partido Libertad y Refundación
LIBRE reitera su compromiso de refundar Honduras y construir una nación íntegra, soberana,
igualitaria y justa.

AVANCEMOS HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD, VAMOS HACIA EL SOCIALISMO
POR LA VERDADERA INDEPENDENCIA

26 de septiembre de 2012

HONDURAS El aceite que derrama sangre en Honduras

El aceite que derrama sangre en Honduras
MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DE 2012 21:31 MAJO SISCAR – PERIODISMO HUMANO
FUENTE: RESISTENCIA HONDURAS NET – HONDURAS
http://www.resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4533:el-aceite-que-derrama-sangre-en-honduras&catid=54:agrarias&Itemid=238

Honduras
46 campesinos organizados del Bajo Aguán han sido asesinados desde el golpe de estado por recuperar tierras que les pertenecían
El jueves 11 de abril Doninely “Adonis” López iba en su motocicleta al asentamiento de palma africana de la Confianza, unas tierras recuperadas por los campesinos del Aguán, en Colón, cerca del caribe hondureño, cuando seis balas de armas de grueso calibre le arrebataron la vida. Tenía 46 años y junto a sus compañeros estaba negociando con el Gobierno y los terratenientes palmeros la legalización de las tierras que iba a trabajar ese día. Pese al diálogo continuo ahora es el campesino número 46 asesinado en la región desde el golpe de Estado, el 28 de junio de 2009 y uno de los 200 asesinados por cuestiones políticas en la Honduras postgolpe de estado.
En la región del Río Aguán se mantiene desde hace dos décadas un conflicto agrario entre los campesinos sin tierra que reivindican su derecho al trabajo, a la tierra y a una vida digna y los terratenientes productores de palma africana que concentran la mayoría de las tierras de la región desde que en 1990 el gobierno hondureño decretase la Ley de Modernización Agrícola para impulsar la extensión del monocultivo y la concentración de la tierra a costa de expropiaciones y desconocimiento de los pequeños propietarios que veinte años antes había llevado a poblar esta región prácticamente deshabitada con una reforma agraria que prometía tierra y una vida digna a campesinos pobres de todo el país, el segundo más pauperizado de América Latina solo después de Haití. En los ‘70, se fomentó la creación de cooperativas de trabajo y se facilitaron préstamos para la plantación de palma en la región. Se limitó la concentración de tierras para evitar los latifundios y el Estado actuó como mediador. Con la ofensiva neoliberal de los ‘90 dos grandes empresarios, René Morales y Miguel Facussé –uno de los hombres más poderosos de Honduras e instigador del golpe de Estado de 2009- se hicieron con el control mayoritario de la región y extendieron su producción de palma, apoyados por organismos internacionales que promueven este cultivo para producir agrocombustible y por tratarse de cobertura arbolada que da bonos de carbono. Con esta concentración de las fincas, los campesinos no solo perdieron su soberanía alimentaria, sino que se racionalizó la producción y se perdió mano de obra, además de que bajaron los salarios de los jornaleros. Los agricultores que habían perdido tierras y los asalariados empezaron a organizarse en diferentes agrupaciones. En 1998 se empezaron a visibilizar las primeras acciones organizadas: cortes de carretera, movilizaciones y tomas de tierra. Esas empresas asociativas, como la Camarones donde trabajaba Adonis López toman algunas hectáreas de tierras a los terratenientes y se asientan en ellas para poder trabajarlas y luego exigir su reconocimiento al Estado.
El gobierno de Manuel Zelaya (2006 – 2009) les reconoció y emitió un decreto para asegurar un mínimo de tierra a cada campesino. Pero con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se anuló la nueva ley, se cortó toda negociación y en medio de la dictadura los campesinos organizados radicalizaron su toma de tierras en ambas márgenes del río Aguán. Desde entonces la represión les está desangrando. Los terratenientes aumentaron sus guardias de seguridad, sicarios a sueldo. Solo desde esa fecha se cuentan 46 homicidios, sin que se haya hecho justicia por ninguno. La respuesta gubernamental ha sido militarizar la zona, en lo que se ha llamado Operación Xatruch. Sin embargo, la presencia de soldados en las carreteras y en las propias comunidades no ha bajado la represión sino al contrario. Los campesinos acusan a los “chepos” (como se les llama en hondureño a los uniformados) de estar coadyuvados con los guardias de Facussé y Morales.
“Lo asesinaron sin piedad como ya han asesinado a muchos otros compañeros. Están tratando de presionarnos para que aceptemos firmar un acuerdo con el Gobierno que nos asfixiará económicamente para así volver a quitarnos la tierra. La gente vive aterrorizada y de nada ha servido militarizar la región, porque los asesinos siguen al acecho y ninguno de los delitos cometidos ha sido esclarecido, ni los responsables fueron castigados”, declaró Vitalino Álvarez, el portavoz del Movimiento Unificado Campesino de la Aguán -una de las cuatro organizaciones campesinas de la zona- a la Secretaría Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Sirel.
La masacre de El Tumbador
La violencia de los terratenientes no tiene límites. Los campesinos lo saben bien desde el lunes 15 de noviembre de 2010. Aquella madrugada fue la última que Guadalupe Gallardo se levantó a hacerle el desayuno a su marido. Con su machete colgado a la cintura y sus tortillas y fríjoles bien guardados, Raúl Castillo se fue a las cinco de la mañana con un grupo de hombres de su comunidad como jornaleros a cosechar la fruta de la palma africana de la finca El Tumbador, una finca de 450 hectáreas que según los labradores les pertenece. Después de dos meses de estar allí día y noche, Facussé les había dicho finalmente que estaba bien, que siguieran ahí y que ya verían como se arreglarían. Desmontaron las chabolas que habían levantado para quedarse en la tierra y se regresaron a la comunidad. Pero había que ir a trabajar la tierra. Y ese lunes, eran apenas las seis de la mañana cuando cerca de 200 guardias de Facussé cercaron las camionetas en la que viajaban los campesinos y empezaron a dispararles. Los labradores, colgados de la caja de la camioneta huyeron como pudieron. Los machetes, que usan para trabajar, no repelen las balas. El tiroteo y la persecución duró tres horas. El último de los cadáveres se encontró a un kilómetro y medio del lugar.
“Era como una guerra, disparaban con armas de alto calibre que solo tiene el Ejército. La policía está confabulada con Facussé. Con sus armas nos dicen que ellos son los que mandan”, cuenta Rubén Ortiz Pineda, uno de los supervivientes. Otro, Francisco Ramírez, perdió la sonrisa ese día. Cuando recibió el balazo impulsivamente volteó la cara hacia la izquierda y el proyectil salió dejándole un hoyo arriba de la comisura izquierda del labio. Pensó que iba a morir pero cuando se dio cuenta de que no, corrió a refugiarse. Uno de sus compañeros le recogió en la camioneta junto a otro herido en la pierna. Estuvo cuatro meses hospitalizado, pero ahora ya puede volver a sonreír junto a su esposa y su hija, de 12 años. Guadalupe Gallardo, en cambio, no puede evitar las lágrimas al recordar la masacre que le arrebató a su marido. Junto al cuerpo de Raúl, arrojado en la carretera con varios disparos de bala, le colocaron un fusil de asalto AK-47. La foto con cuatro cadáveres de campesinos fuertemente armados dio la vuelta al país. Algunos medios de comunicación, afines a los terratenientes, dijeron que los campesinos del Aguán eran guerrilleros, financiados por Venezuela y las FARC. No se hizo ninguna investigación. A día de hoy sus familias aún esperan justicia.
“¿De dónde salieron esas armas? Ellos no andaban armas, solo el machete”, espeta María Concepción Membreño, viuda de Teodoro Acosta. “Los mismos guardias se las pusieron luego de matarlos para sacarles la foto armados y para que el pueblo entero dijera que los campesinos tienen armas”, continua Guadalupe Gallardo.
Después de la matanza, Miguel Facussé les ofreció dinero para compensar la pérdida y que se quedaran calladas. “Le dijimos que no, que no queríamos su dinero sucio. Nada nos devolverá la vida de nuestros compañeros, pero queremos justicia. Pero no hay ninguna investigación. No hay ninguna respuesta, no sabemos si se va a castigar los culpables o no. Así como va nuestro país, no creo que se haga, pero a mí me gustaría para que Facussé sepa que uno vale tanto como él. Eso es lo que yo más deseo, justicia. Él puede hacer lo que quiera porque tiene dinero pero a nosotros, ¿qué nos queda?”, se pregunta indignada Guadalupe.
A la rabia y el dolor de estas mujeres se suman las dificultades económicas que padecen. Guadalupe Gallardo sale a trabajar ahora a las 4.30 de la madrugada a una cooperativa de fruta de palma. Cada día camina más de cinco kilómetros entre el palmeral juntando las frutas que cayeron al suelo al cortar el racimo. Las recoge en sacos de hasta 50 kilos por los que le pagan 25 lempiras, menos de un euro. Si no hay mucha cosecha en un mes puede ganar unas 1000 lempiras, unos 40 euros. Si le va bien puede llegar a noventa euros que apenas le alcanzan para ella y su hijo de ocho años. Más difícil es la situación de Concepción Membreño. Su hijo menor tenía 10 días aquel fatídico 15 de noviembre. Tiene otros siete, el más grande de 16 años. Al principio, solo de los nervios no podía hacerse cargo de ellos. Ahora pasa fuertes penurias económicas. “Hay días que hacemos una comida fuerte, otros dos”, relata con un hilito de voz que desafía a las lágrimas.
Y su tragedia solo es una muestra de la que viven cerca de 6.500 familias. Periódicamente hay asesinatos particulares, atropellamientos, hostigamientos, amenazas, encarcelamientos. Ante las denuncias de los campesinos, el gobierno decidió militarizar la zona, en la operación conocida como Xatruch, que ya va por su tercera fase. Así los retenes militares se multiplican por la carretera y los accesos a las tierras. En Guadalupe Carney un batallón militar mantiene un campamento desde hace más de un año. Sin embargo, hace unos meses mataron a un campesino en la misma comunidad. A la vez la Fiscalía ha extendido órdenes de captura contra 90 campesinos por ocupación de tierras y otros delitos. Uno de ellos está preso desde hace cuatro años, José Isabel Morales, de la Guadalupe Carney. “Yo le pido al Estado que me devuelva a mi hijo, que está procesado inocentemente. Lo acusan de violador, ladrón y de incendiar unas tierras. Hace cuatro años que está preso y ni siquiera le dictan sentencia”, explica Ramona López. A Morales, junto a otros 31 comuneros de la Guadalupe Carney, como Francisco Ramírez, les acusaron falsamente de haber robado un camión de fruta de un terrateniente en una de las cosechas de fruta de sus tierras, ya legalizadas bajo el gobierno de Zelaya.
Negociar con el gobierno
Aún así, los campesinos del Aguán siguen en conversaciones con el gobierno. “Condenamos la inseguridad en que estamos viviendo y el desinterés del Estado en dar una respuesta a esta problemática. Nos asesinan para tratar de amedrentarnos y ablandarnos. Lo han hecho hace poco con el compañero Matías Valle y ahora con ‘Adonis’ López”, asevera Vitalino Álvarez. En 2010 el gobierno de Porfirio Lobo acordó otorgar once mil hectáreas de tierra para una población de 6.500 familias campesinas. Finalmente solo se otorgaron a los campesinos 3000 hectáreas a pagar cada una a 135.000 lempiras (unos 7.000 dólares) a un interés del 14% a quince años. Desde entonces se han sucedido las mesas de diálogo sin mucho éxito. Mientras a los campesinos se les otorgaría menos de dos hectáreas de palma por familia, Miguel Facussé ostenta 17.000 hectáreas.
“Los movimientos campesinos se sientan con el Gobierno porque su estrategia ha sido mantener un proceso de negociación permanente. Sin embargo, los diferentes acuerdos firmados en estos tres años no resuelven el problema. Estamos bajo la tercera militarización. Lo que nos espera aquí es una arremetida de los terratenientes utilizando el Ejército, la Policía y sus propios paramilitares contra el Ejército” explica Wilfredo Paz, del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán. Este defensor de Derechos Humanos ha recibido amenazas de muerte directas en su teléfono, le han intentado atropellar, le han detenido, igual que a otros campesinos. El acecho diario mina el ánimo. “Antes de que mataran a mi marido yo no sentía miedo, ningún temor. Ahora sí, tengo miedo cuando salgo de la comunidad. Me da miedo por mi hijo, cuando va la escuela o cuando va a casa de su abuela al otro lado de la carretera. Los coches de los guardias han atropellado niños”, cuenta Guadalupe aunque asegura que no dejaría el Aguán. “Queremos nuestras tierras libres para trabajar tranquilos. Estamos como en medio del enemigo. Quiero que mi hijo cuando crezca tenga donde trabajar tranquilo. Yo voy a seguir luchando por lo que mi marido le tenía amor”, concluye.
Además de la propiedad legal de la tierra, el campesinado del Bajo Aguán exige una reforma agraria integral que no solo les asegure la tierra sino les apoye a implementar cooperativas de procesamiento del fruto de la palma para ser autónomos. “Tenemos la cosecha pero no tenemos la fábrica para convertirla en aceite, aunque tengamos la tierra no se puede trabajar. Necesitamos una ley agraria nacional”, reivindica Juan Galindo, uno de los dirigentes campesinos locales. De momento, pese a ser reprimidos por los terratenientes dependen de ellos para echar la palma a andar. Los mismos campesinos que ocupan las tierras compran el fertilizante a Morales o Facussé y les acaban vendiendo a ellos mismos la cosecha, porque son los dueños de las procesadoras de palma de la zona. De esta manera, los mismos que les asesinan les condicionan los precios de venta del fruto y hacen el negocio. “Nos estamos peleando con algunos terratenientes y siempre estamos trabajando con ellos porque nosotros, como pobres, no tenemos los recursos para desenvolvernos en todo el proceso de producción. Tendríamos que tener una procesadora de manteca y aceite, pero ahora es la única forma que tenemos de trabajar. Ellos están contra nosotros y nosotros les seguimos sirviendo”, cuenta Ramírez mientras descarga la compra anual del fertilizante que acaban de adquirir en la empresa de René Morales, por el que empeñan su venta de la cosecha de casi todo el año.
La palma en tu despensa
La fruta de la palma africana es una suerte de dátil más redondeado del que se saca el aceite de palma, el segundo aceite más consumido en el mundo. Tal vez no lo tengas en la despensa como tal, pero está en muchos productos derivados, desde margarinas y la bollería que merendamos hasta la pasta de dientes o el jabón que usamos, pasando por velas, pinturas, detergente o crema de zapatos. Su uso se ha extendido por su bajo precio, pero no es una grasa muy saludable. Casi la mitad de los ácidos grasos del aceite de coco y de palma son saturados. Un consumo continuado puede aumentar el colesterol y, a largo plazo, contribuir a la aparición de enfermedades como la arterioesclerosis. Por otro lado, como también puede servir para biocombustibles ha aumentado la demanda y el cultivo de la palma africana se está extendiendo por los países tropicales, aunque sea a costa de deforestar los bosques y las selvas originarias.
Para los defensores de derechos humanos el conflicto en el Aguán se inserta en un marco de continuidad del golpe de Estado. “Estamos en crisis de derechos humanos, hay un Estado colapsado que engaveta los casos premeditadamente. Solo en el régimen de Porfirio Lobo (desde el 27 de enero de 2010) tenemos 15 desapariciones forzadas, más de 200 personas asesinadas por razones políticas en todo el país. Sigue habiendo persecución política y exiliados, los incendios recientes forman parte de una estrategia de atemorización… es lamentable pero en Honduras no hay democracia”, resume Dina Meza, del Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras. Para esta activista, desde el golpe de estado hay todo un proceso de reforma del país, y la represión es el método para conseguirlo. “El golpe no va a terminar mientras no se lleve a cabo una nueva asamblea constituyente que no sea para los ricos de este país”, concluye.
http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2012/04/honduras-el-aceite-que-derrama-sangre.html

Los fusilamientos de junio de 1956

09/06/2011

FUENTE:
REDACCION ROSARIO – ROSARIO

http://redaccionrosario.com.ar/noticias/index.php?q=node/12622

Memorias Debidas

Los fusilamientos de junio de 1956

Por Juane Basso.

Rodolfo
Walsh decía que los dueños de todo procuran que los trabajadores y el pueblo no
tengan historia, doctrina, héroes ni mártires. “La experiencia colectiva se
pierde, las lecciones se olvidan”, escribió en el diario de la CGT de los
argentinos el militante montonero y autor de Operación Masacre.

Y
agregaba, con la convicción revolucionaria que lo marcó hasta su muerte: “esta
vez es posible que se quiebre ese círculo”. Por que esa vez no fue posible, hay
que seguir contando esta historia.

El
16 de junio de 1955 al mediodía, aviones de la Marina bombardeaban la Casa
Rosada. El ataque, que tenía como objetivo al presidente Juan Domingo Perón,
cobraba la vida de más 350 personas y dejaba un saldo de 2000 heridos. El
intento de golpe es contenido hasta el 16 de septiembre de ese año, en que es
efectivamente derrocado el gobierno constitucional elegido por el 68 por ciento
de los argentinos.

El
nuevo régimen ponía en marcha el denominado Plan Prebich, rebautizado por
Arturo Jauretche como el “Plan de retorno al coloniaje”, que implicó una vuelta
sobre el modelo agroexportador, el congelamiento de salarios, la entrada del
capital extranjero, el ingreso de la Argentina como país socio del FMI y la
anulación de la constitución de 1949, que se erigía en esa época como la más
progresista del occidente capitalista. La oligarquía argentina, ligada al
capital británico y norteamericano, acompañada por casi la totalidad de los
partidos de derecha a izquierda, formaron el frente que detuvo el proceso de
independencia económica desarrollado por el gobierno justicialista.

El
9 de junio del año siguiente, con 28 fusilamientos sin juicio previo, es
desbaratado un alzamiento cívico-militar encabezado por los Generales Valle y
Tanco. El movimiento estuvo infiltrado desde su inicio y se lo dejó avanzar
para que la represión feroz sirva como escarmiento para todos los peronistas.
El terrorismo de estado aplicado en esos días fue descripto detalladamente por
Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre.

Leopoldo
Marechal dijo en una de sus obras que el pueblo recoge todas las botellas que
se tiran al agua, que el pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo
lo que parece muerto en el olvido. “Hay que buscar esas botellas –dice el autor
de Adán Buenosaires– y refrescar esa memoria.”

Antes
de ser fusilado por la “revolución libertadora” –denominada “fusiladora” por
los militantes de la resistencia– el General Juan José Valle escribió al
General Aramburu, esperando “que el pueblo conozca un día esta carta y la
proclama revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma
intergiversables, así nadie podrá ser embaucado.”

A
48 años de ser arrojada, aquella botella vuelve para refrescarnos la memoria,
para que la experiencia colectiva no se pierda, las lecciones no se olviden y
para que de una buena vez sea posible que se quiebre ese círculo:

Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción
de haberme asesinado. Debo a mi Patria la declaración fidedigna de los
acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares, movidos por
ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar
opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego
fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se
explica que nos esperaran en los cuarteles, apuntándonos con las
ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aun antes de estallar el
movimiento, que capitanearan tropas de represión algunos oficiales
comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han
querido ustedes, escarmentar al pueblo.

Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la
mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista
sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán
asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan
será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años sus
victimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse.

Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro
fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una
expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino
esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que
programábamos matanzas en masa. Mienten. En las guarniciones tomadas no
sacrificamos un solo hombre de ustedes. Y hubiéramos procedido con todo rigor
contra quien atentara contra la vida de Rojas, de Bengoa, de quien fuera.
Porque no tenemos alma de verdugos. Sólo buscábamos la justicia y la libertad
del 95% de los argentinos, amordazados, sin prensa, sin partido político, sin
garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la
causa de ningún hombre ni de ningún partido.

Nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le
están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica, en pugna con la
verdadera libertad de la mayoría.

Pero no taparán con mentiras la dramática realidad
argentina por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de
ustedes. Como cristiano me presento ante Dios que murió ajusticiado, perdonando
a mis asesinos, y como argentino, derramo mi sangre por la causa del pueblo
humilde, por la justicia y la libertad de todos no sólo de minorías
privilegiadas. Espero que el pueblo conocerá un día esta carta y la proclama
revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable.

Juan
José Valle. Buenos Aires, 12 de junio de 1956 (síntesis).

 

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